H.I.J.O.S. SALTA

2012-02-07T16:50:00.001-08:00

Hoy indagan al empresario Levín

El empresario Marcos Levín está convocado a prestar declaración indagatoria hoy en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del juez Julio Leonardo Bavio.

Se lo acusa de ser instigador de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos sufridos durante la dictadura por ex empleados de la empresa La Veloz del Norte.

La indagatoria a Levín fue solicitada en abril pasado por el abogado David Leiva, representante legal de los ex trabajadores que participan de la causa como querellantes.

El abogado también pidió la indagatoria del ex subcomisario Víctor Hugo Bocos y de un ex oficial de apellido Figueroa, en calidad de autores de privación ilegal de la libertad y tormento. Y acusó además al ex juez de instrucción y ex fiscal federal Jorge Trincavelli.

La solicitud se funda en testimonios de Víctor Manuel Cobos y Miguel Ángel Rodríguez, quienes en 1977 eran empleados de La Veloz del Norte y fueron secuestrados y sometidos a torturas por miembros de la Policía de la provincia.

Cobos integraba la conducción de la Seccional Salta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y era delegado de La Veloz del Norte. En las declaraciones testimoniales que realizó en la causa dijo que sus luchas gremiales lo enfrentaron a Levín, “lo que motivó que este empezara a perseguirlo por medio de sanciones laborales (…) y también por medio del sector policial dirigido por este empresario”.

Grupo policial

El testigo sostuvo que a partir del golpe militar en la empresa se inició “una caza de brujas”, que “muchas fuerzas de seguridad dependían de Levín” y que en 1977 el empresario ordenó su detención a un grupo policial que dirigían Bocos y Figueroa.

También Rodríguez fue detenido. Ambos fueron llevados a la Comisaría Cuarta , donde fueron golpeados y les aplicaron picana eléctrica. Cobos fue torturado por Figueroa y Rodríguez, por otro policía de apellido Flores, que “manejaba la picana” siguiendo indicaciones de Bocos. Ambos aseguraron que “Marcos Levín concurría asiduamente para recibir información”. Rodríguez dijo que vió a Levín preguntando “si ya había declarado y se había hecho cargo” y que también el entonces juez Trincavelli anduvo haciendo la misma averiguación.

En 1977 Cobos y Rodríguez fueron detenidos por un supuesto fraude a la empresa, pero años después fueron sobreseídos.

Tanto Cobos como Rodríguez terminaron firmando actas cuyo contenido desconocían. Cobos lo hizo mientras Figueroa le ponía una pistola en la cabeza, hecho que se cometió en presencia del juez Trincavelli.

Fuente: Nuevo Diario

2012-02-06T14:50:00.000-08:00

MARCOS LEVIN

La Veloz del Norte

En Salta avanza la causa por el secuestro de trabajadores de la empresa de transportes La Veloz del Norte. Mañana debería presentarse a la indagatoria el empresario Marcos Levin, dueño de la compañía y a quien los querellantes denuncian como ideólogo de los secuestros, en asociación con los policías de la comisaría 5ª para sacarse de encima a los trabajadores asociados a la Unión Tranviaria Automotor. La causa está en manos del juez Leonardo Bavio. Entre las víctimas se encuentra Víctor Manuel Cobos, chofer de uno de los ómnibus y a la par secretario general de la seccional Salta de la UTA. Los organismos de derechos humanos locales convocaron a una marcha en la sede de los tribunales para las primeras horas de la mañana.

Fuente: pagina 12

2012-01-29T16:41:00.001-08:00

DEBERÁ DECIDIR SI VAN A JUICIO 80 MILITARES POR COMETER VEJÁMENES CONTRA SU PROPIA TROPA

La causa por torturas a soldados en Malvinas llega a la Corte Suprema

Publicado el 28 de Enero de 2012

Por Daniel Enzetti Para Tiempo Argentino

La imputación contra los oficiales y suboficiales que comandaron el conflicto es impulsada por el Centro de Ex Combatientes de La Plata, que al igual que al fiscal general ante la Cámara de Casación Penal de la Fiscalía 4, Javier De Luca, presentaron hace pocos días un recurso extraordinario para que el máximo tribunal se haga cargo de la cuestión.

Hace algunas semanas, el 31 de diciembre de 2011, Tiempo Argentino publicó datos acerca de denuncias impulsadas por ex combatientes de Malvinas contra 80 oficiales y suboficiales argentinos, acusados de haber cometido, durante el conflicto bélico distintos vejámenes en perjuicio de soldados de su propia tropa. La nota también informaba acerca del recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a finales de diciembre pasado por los querellantes, el Centro de Ex Combatientes (CECIM) de La Plata, para que el máximo tribunal tomara la investigación, luego de que pocos días antes la Sala I de la Cámara de Casación Penal declarara que los delitos denunciados no eran de lesa humanidad, lo que podía significar la prescripción del proceso. Pero el CECIM no fue el único que efectuó un reclamo de esas características. También en los últimos días, Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara de Casación Penal –Fiscalía Nº 4– interpuso un recurso en el mismo sentido, por entender que la Sala I “resolvió la argumentación, pero no la parte dispositiva, la que ordena el sobreseimiento” de los acusados, y que “la causa no está terminada”.

Ambas presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia tienen una explicación. Aunque la recopilación de denuncias de ex combatientes comenzaron en 2005 y en su momento fueron declaradas imprescriptibles por la jueza federal de Río Grande Lilian Herráez y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (integrada por Hebe Lilia Corchuelo de Huberman, Alejandro Ruggero y Mario Reynaldi), la defensa de los imputados logró que la Sala I de la Cámara de Casación Penal no las considerara como de lesa humanidad, y reenvió las actuaciones a los tribunales originales para cambiar su dictamen. Frente a esa situación, los ex soldados y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en calidad de pretensos querellantes, también recurrieron a la misma Sala para hacerse escuchar, con el objetivo de que los hechos no prescribieran. Pero en esa oportunidad, los camaristas Raúl Madueño, Juan Edgardo Fégoli y Luis María Cabral no estuvieron tan predispuestos a escuchar la otra campana, y declararon “inadmisible” el recurso de casación solicitado por los damnificados para seguir adelante.

“Por eso yo interpuse mi pedido ante la Corte Suprema –manifestó De Luca a Tiempo Argentino (ver aparte)–, ya que Casación se equivocó al negarle esa posibilidad a los ex combatientes.” De Luca agregó que “la causa penal continúa y los imputados siguen siendo imputados”, ya que “frente a una cuestión federal como esta, es imposible impedir que el máximo tribunal sea el que tenga la última palabra, de una vez y para siempre”.

Los casos de apremios y violaciones a los Derechos Humanos suman aproximadamente 120, e incluyen vejámenes, estaqueos, torturas, simulacros de fusilamiento, castigo físico y presión psicológica.

“La Sala I es el reducto donde están los jueces más retrógrados que hay en la Justicia Federal –manifestó a este diario Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Ex Combatientes de La Plata (CECIM)–, son militantes de la impunidad, y lo siguen ratificando en cada resolución.” La acusación impulsada por el organismo se gestó en 2005, cuando el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, se dedicó a reunir horas de filmación, documentos y testimonios de víctimas. En ese momento, los delitos tipificados fueron homicidio, abandono de persona, reducción a la servidumbre, torturas, extorsión, amenazas y privación ilegítima de la libertad.

Una de las primeras voces fue la de Darío Gleriano, que recordó haber sido estaqueado por sus responsables de tropa. Pero después, las denuncias se fueron sumando cada vez más. “Habitualmente (nuestro superior) nos obligaba a ir a un pozo, que nosotros llamábamos ‘El Pozo de los Lamentos’. Ese pozo estaba lleno de agua congelada. Ahí nos ordenaba meter las manos y los pies por más de media hora”, contó Silvio Eduardo Katz, clase 1962. Pablo Perazzo relató que un oficial “sacó un arma, una 9 milímetros, y comenzó a dispararme a los pies”.

A Eduardo José Ortuondo también lo sumergieron en pozos con agua helada, y fue atado en el suelo con las piernas y brazos extendidos. “Un suboficial se paró sobre el arco interno de mis pies –relató–, se puso a saltar sobre ellos y me preguntaba: ‘¿Le duele Ortuondo?’. Yo le respondí: ‘¿Quién es el enemigo, el que está allá o el que está aca?’.”

Orlando Pascua sostuvo ante el Tribunal Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Lilian Herráez, que en Malvinas presenció el estaqueamiento de un soldado chaqueño de apellido Ferreyra. Y otro que aportó datos fue el ex conscripto David Zambrino.

Aquellas primeras palabras de Gleriano fueron las que, finalmente, derivaron en esta investigación por torturas ocurridas durante los enfrentamientos en el sur. La causa arrancó gracias a un escrito elevado por el damnificado ante la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, luego remitido a la Fiscalía de Política Criminal de la Procuración General de la Nación. Después, a eso se sumaron denuncias ante instituciones y organismos de Corrientes, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, entre otros lugares. En el Chaco, las declaraciones fueron tomadas y trabajadas por la Comisión Permanente de Asesoramiento Legislativo de Derechos Humanos de esa provincia

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Entrevista exclusiva a Javier Augusto De Luca

“Nadie puede impedir que el máximo tribunal trate un tema federal”

Publicado el 28 de Enero de 2012

Por D. E.

Es fiscal general ante la Cámara de Casación Penal y titular de la cátedra de Derecho Penal de la UBA.

–¿Cómo resumiría usted lo que fue ocurriendo?

–La síntesis figura en el recurso que elevé a la Corte en diciembre. Allí digo que, ante esta denuncia de vejámenes, que tiene varios años, los defensores de los acusados pidieron la prescripción de la causa por entender que esos no eran delitos de lesa humanidad. Que el juez federal de Río Grande y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia –donde estaban radicadas las denuncias– rechazaron ese pedido de prescripción y confirmaron los delitos como de lesa humanidad, y que a finales de 2009, cuando la defensa de los imputados solicitó recurso de casación, la Sala I de la Cámara de Casación Penal resolvió “hacer lugar al recurso” y “remitir las actuaciones a su procedencia a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo aquí decidido”, como dice el texto. Con lo cual, aquellos tribunales cambiaron su postura inicial, y se manifestaron por la prescripción. Frente a eso, los que presentaron un recurso de Casación fueron entonces los ex combatientes, representados por Carlos Daniel Amato, y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Pero esa vez la Sala I no les aceptó el recurso, y su única explicación fue que no había argumentos nuevos que cambiaran su decisión anterior. Una resolución o una sentencia se compone de varias partes, pero esencialmente de dos: la fundamentación y la parte dispositiva, es decir, donde se dispone o se ordena algo. Los jueces de Cámara tienen la posibilidad de decir “esto lo resuelvo yo de una manera definitiva”, o “solamente me limito a revocar lo que venía resuelto y ordeno al tribunal inferior, cuya sentencia yo estoy revisando, a que dicte una nueva resolución de conformidad con los argumentos que estoy dando ahora”. Esto es una forma de no resolver definitivamente el asunto. Cuando los ex combatientes recurrieron a Casación, la Sala I dijo que ese recurso era inadmisible porque el asunto ya lo había resuelto. Y lo que yo digo es: lo que está resuelto por Casación es la argumentación, pero no la parte final, la parte dispositiva, la que ordena, el sobreseimiento. La causa no está terminada, y a mi modo de ver, Casación se equivocó al denegar el recurso a los ex combatientes.

–La discusión central es si estos delitos que habrían cometido muchos efectivos de aquella época en Malvinas son o no de lesa humanidad, y por lo tanto, deben o no deben prescribir. Más allá de lo jurídico, ¿qué opina del tema en general?

–Estas son las formas, pero ahora hay que ir al fondo del tema. Acá estamos frente a una cuestión federal importante, que nadie puede impedir que sea tratada por la Corte. En otras palabras, nadie puede obstaculizar el camino a la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando hay una cuestión federal de por medio. Estamos hablando de supuestos delitos cometidos por militares en un escenario de guerra. La guerra es una cuestión federal que involucra a un gobierno nacional, que en este caso representó al Estado argentino en ese conflicto. Como los militares son empleados públicos, y han hecho actos de autoridad, esto es una cuestión federal básica. La Constitución Nacional es la que rige quién declara una guerra, quién actúa y cómo se hace. Con un presidente de la Nación como comandante en jefe. Y también es una cuestión federal decidir si determinadas conductas constituyen o no delitos de lesa humanidad, porque además, está en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino. Incluso los ex combatientes tendrían posibilidad de continuar más allá con su accionar. Porque si sienten que sus demandas no son satisfechas por el Estado argentino, podrían recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo supranacional, una vez agotados los “recursos internos”, como se los llama. Pero dejando de lado lo jurídico, es imposible lograr una sociedad sólida sin dilucidar las responsabilidades que hay en estos hechos. Con la memoria vinculada a delitos cometidos por la dictadura militar pasa exactamente lo mismo. Yo no sé si estas personas cometieron o no cometieron delitos, pero lo que sí sé es que los ex combatientes tienen derecho a que haya un juicio. Porque de otra manera, no se puede construir nada bueno para esa sociedad. Es lo que ocurre hoy con España: dejaron un viejo problema sin solucionar, y cuando pasa eso, en algún momento algo salta. Es como una infección mal curada. De Malvinas tenemos sólo la versión oficial de lo ocurrido, y eso es un punto oscuro. Porque además, son hechos que siguen marcando el presente. Y el presente es todavía hoy preguntarse cómo se comportaron nuestras Fuerzas Armadas en el conflicto más importante de la Argentina en el siglo pasado, que le costó la vida a tanta gente. Esos chicos promedian hoy los 50 años, sus padres viven, sus hijos también, sus hermanos. Y frente a eso, los que supuestamente cometieron torturas siguieron ascendiendo, mandando y dirigiendo tropas. Entonces, la pregunta es: ¿yo puedo caminar por la calle con esa gente?

–Con respecto a la CIDH, hay un antecedente reciente vinculado a un fallo de la Corte argentina, que cambió su propia decisión ante la postura del organismo internacional.

–Sí, y yo lo menciono en mi presentación. Se trata de la causa “Derecho, René Jesús”, un caso de vejaciones, tormentos, torturas y apremios cometidos por personal de la Policía Federal, a detenidos en comisarías. En 2007 la Corte argentina resolvió extinguir la acción penal por prescripción, y sobreseer al imputado. El tema llegó a la CIDH y el organismo ordenó reabrir la causa, por entender que esos delitos no podían prescribir, con el argumento de que habían sido cometidos por efectivos en nombre y en representación del Estado. La Corte argentina, hace pocos días, en diciembre pasado, manifestó que lo dicho por la CIDH era mandatorio, y que por lo tanto la investigación se reabría y la prescripción ya no tenía efecto. En la Corte Interamericana, el caso se denomina “Bueno Alves vs. Argentina”. Entonces, volviendo a Malvinas, ¿cómo es posible que no haya derecho a saber lo que pasó, y a que se condene a los responsables, si los hay? El objetivo de mi presentación apunta a que nuestra Corte, de una vez y para siempre, tome cartas en el asunto, y decida qué hacer frente a esto tan importante.

Fuente; Tiempo Argentino

La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007

2012-01-26T17:37:00.001-08:00

MARCOS LEVIN

EL PAIS › Nota de tapa

LA OTRA PATA

Por Alejandra Dandan

| | Por primera vez, un empresario está citado a indagatoria por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión dictatorial. Se trata de Marcos Levin, dueño de una de las principales compañías de transporte de Salta, acusado en un caso en el que se investiga el secuestro y tortura de sindicalistas de la UTA

EL EMPRESARIO MARCOS LEVIN FUE CITADO A INDAGATORIA EN SALTA POR EL SECUESTRO DE DOCE TRABAJADORES

El lado civil de una historia de represión

Varios de los trabajadores eran miembros de la conducción de la UTA en Salta. Fueron llevados a una comisaría, donde por medio de torturas los obligaron a firmar confesiones. Levin asistía al lugar donde fueron torturados.

Marcos Levin todavía es el dueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte.

Por Alejandra Dandan

Enero 1977, Salta. Empresa de transportes La Veloz del Norte. Víctor Manuel Cobos, chofer de uno de los ómnibus y a la par secretario general de la seccional Salta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), vuelve de un viaje a Tucumán. A la altura de Portezuelo lo demora un Torino blanco desde donde emerge el subcomisario de la comisaría 4ª de la ciudad de Salta –denunciada en la Conadep como centro clandestino de detención– y Marcos Levin, el dueño de la empresa. Un día más tarde, Cobos vuelve a ver al subcomisario Víctor Hugo Bocos, pero esta vez adentro de la compañía. Sin ninguna explicación, el subcomisario lo sube a un Ford celeste, un coche de La Veloz del Norte que funcionaba al servicio de la policía. Lo traslada a la comisaría 4ª. Lo torturan, le preguntan por los afiliados de la UTA, por las reuniones y lo obligan a firmar una declaración en la que admite haber formado parte de una estafa que nunca existió.

Por lo menos doce trabajadores de La Veloz del Norte fueron secuestrados en ese enero en el mismo centro clandestino. La investigación que volvió a activarse en los últimos años acaba de dar el giro que reclamaron desde siempre los trabajadores y los organismos de derechos humanos locales: por primera vez en la historia de la causa y en la sucesión de juicios que se abrieron en todo el país, la Justicia citó a indagatoria a un empresario, en este caso Marcos Levin, todavía dueño de la compañía. También citó al subcomisario Bocos y a los policías de la 4ª. Para el abogado David Leiva –de Encuentro, Verdad y Justicia, querellante de la causa–, la intervención de Levin en el caso es clave: la alianza con las fuerzas de seguridad le permitió al empresario inventar una excusa como la estafa para despedir y sacarse de encima a la dirigencia de la UTA.

“Bocos es la persona que detiene a algunos de los doce trabajadores de la empresa, entre ellos a varios dirigentes de la UTA seccional Salta”, dice Leiva. “Adentro de la comisaría los someten a torturas. Levin es la persona que iba después de los interrogatorios, y se reunía con Bocos y los otros policías. Cobos es uno de los que lo vieron en la 4ª, y con el tiempo se enteraron hasta de algún festejo que se hizo dentro de la empresa por lo que estaba pasando.”

Levin será indagado el próximo 7 de febrero. El juez federal de Salta, Julio Leonardo Bavio, tomó la decisión en un expediente complicado. La causa está radicada en Salta, pero es impulsada por un fiscal federal de Jujuy, Domingo José Batule. Todos los colegas fiscales de Salta se excusaron de intervenir porque otro de los denunciados es un antiguo juez federal llamado Jorge Alberto Trincavelli, una persona a la que las denuncias ubican una y otra vez dentro del centro clandestino y quien en los últimos años fue fiscal general de la provincia.

Fuera de eso, el pedido de indagatoria también tuvo un avance singular y puede ser una clave para leer las dificultades que tienen las causas en el resto del país para probar la responsabilidad civil –especialmente del sector empresario– con la dictadura. El fiscal Batule, en este caso, pidió las indagatorias para Bocos y los policías, pero no para Levin, el principal denunciado. A raíz de eso, David Leiva hizo una nueva presentación en la que se preguntó en voz alta una de las cosas que se pregunta buena parte de los querellantes en causas similares: ¿por qué si las pruebas sirven para imputar a Bocos y los policías, no sirven también para imputar a Levin cuando se trata de los mismos hechos? En el cúmulo de testimonios y relatos, Levin aparece atado a la construcción de la supuesta estafa; adentro del centro clandestino, en la sala de torturas y proveyendo información o autos a los policías. Para Batule, esos datos no alcanzaron para pedir la indagatoria, pero el juez finalmente consideró que sí eran suficientes.

Aunque cada causa es distinta y los poderes dentro de cada provincia se articularon durante la dictadura definiendo sus propias formas, el caso habla de cómo se mira el poder económico y de una lógica de pruebas que aún no está resuelta: en muchas ocasiones, “los jueces reclaman pruebas sobre la vinculación de los empresarios con el terrorismo de Estado con un rigor excesivo que sale de las pautas generales que aplican para los militares o policías”, dijo alguna vez el abogado Pablo Llonto. O como dice Lisandro Pellegrini, de la Unidad de Coordinación y Seguimiento Fiscal de las causas por violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado: “La realidad es que las dificultades del avance de las causas tienen mucho más que ver con que hay personas cubiertas porque siguen detentando poder que por las razones jurídicas que elaboran los operadores judiciales adornadas de argumentos jurídicos sofisticados que tratan de explicar en realidad por qué no llaman a los empresarios”.

La Veloz

Los testimonios sobre lo que sucedió con los trabajadores de La Veloz del Norte se acumulan desde el comienzo de la democracia. Las páginas de las denuncias reúnen personajes que son o fueron poderosos. El subcomisario Víctor Héctor Bocos, por ejemplo, se recicló en democracia como asesor del ex gobernador Juan Carlos Romero, con quien se ganó un pase abierto a la Casa de Gobierno. El juez Trincavelli, a cargo de legalizar los secuestros, ascendió a fiscal general. Y Levin, por su parte, sigue siendo uno de los poderosos de la provincia, dueño de la principal empresa de transportes.

En enero de 1977, Víctor Manuel Cobos era parte de una de las familias más golpeadas por la represión de Salta. Dos de sus hermanos militaban en la JP. A Martín Cobos lo asesinó la lluvia de balas de una ametralladora en medio de un operativo en la casa, mientras buscaban a otro de sus hermanos. Martín tenía 17 años. Enrique Cobos, el otro de los hermanos, terminó exiliándose. Víctor Manuel declaró en esta causa en 1984, 2008 y 2011. Entre otras cosas, explicó que había visto a Bocos “muchas veces en La Veloz del Norte hablando con Marcos Levin”. Que cuando llegó a la comisaría lo encapucharon, lo metieron en un cuarto mirando a la pared y lo esposaron. Más tarde, dos personas lo golpearon, lo desnudaron, lo pusieron en una camilla elástica, lo ataron de pies y de manos, y le aplicaron picana con el ruido del motor de una moto en los fondos. Le preguntaron por la actividad de la empresa y lo obligaron a firmar una confesión.

Hasta el momento de la detención había habido muchas luchas de los trabajadores contra Marcos Levin, dijo Víctor Manuel. El mismo, al ser dirigente, sufría muchas persecuciones de parte de la policía enviada por Marcos Levin. En las denuncias, explicó cómo Levin aparecía en la comisaría para ver si él había firmado la confesión en la que tenía que reconocer la supuesta estafa. Y lo vio hablando adentro de la seccional con el subcomisario Bocos y lo situó en una de las sesiones de picana en la que lo reconoció por el olor del perfume.

Como sucedió con él, la policía usó los autos de la empresa para buena parte de los otros secuestros. Los coches más habituales eran tres: Bocos solía usar el Falcon color celeste que en los testimonios aparece en la mayor parte de los traslados. También usaba un Torino blanco y el Falcon gris en el que se llevaron a Víctor Manuel muy confiado porque, como dijo, “sabía que era uno de los coches de la compañía”.

A otro chofer llamado Rubén Héctor V. R. H. se lo llevaron desde la terminal de la empresa adentro del Torino blanco manejado por Bocos y el propio Levin. A otro llamado Miguel Angel Rodríguez se lo llevaron en el Falcon color celeste desde su casa el 14 de enero a las 22.40, un día y un horario que no se sacó más de la cabeza porque recién había nacido su hijo. A Sonia Rey, una de las azafatas, afiliadas a la UTA, la fueron a buscar a la casa de su madre: se la llevaron en el mismo Falcon celeste.

Las detenciones continuaron con procedimientos similares: la mayoría cayó en la empresa o en sus casas. Una vez en la comisaría, los interrogaron en la mayor parte de los casos bajo alguna forma específica de tortura. Les preguntaron por listas de afiliados de la UTA o por los cómplices de la supuesta estafa, como en el caso de Ciriaco Norberto Justiniani, otro de los choferes, a quien le pidieron que busque a sus cómplices dentro de una lista de trabajadores mientras los policías le iban marcando a quién debía señalar.

Levin

Una vez que atravesaron las torturas y los interrogatorios, la mayoría pasó frente al juez Trincavelli. Trincavelli los obligaba a firmar una indagatoria con la confesión de la estafa, mientras Bocos los persuadía con alguna amenaza: “Si no firmaban –les decía–, los reventarían a todos en el mirador de San Lorenzo”. O “se los llevarían atrás del templete de San Cayetano y los haría desaparecer”.

Levin aparecía de dos maneras distintas: adentro del centro clandestino o en la compañía, junto con los policías.

Aquel chofer al que secuestraron el día del nacimiento de su hijo estuvo 17 días secuestrado. En uno de los amaneceres de esos días vio a Levin avanzar por uno de los pasillos de la seccional. El empresario preguntaba si él había declarado: “Si me había hecho cargo –decía–, y si me hacía cargo, les decía (a los policías) que me manden el telegrama de despido”.

Carlos Lidoro Aponte estuvo secuestrado quince días. Alguna vez le preguntaron por los nombres de los afiliados a la UTA y por los que iban a las reuniones. En el centro clandestino vio dos veces a Levin. Una de las noches, lo vio entrar a la oficina de Bocos. Sonia Rey, la azafata, declaró que lo vio la primera de las tres noches que estuvo secuestrada. Levin hablaba con dos personas vestidas de civil. Cuando ella les preguntó a dos policías si podía decirle algo, los dos se negaron rotundamente. Cuando la liberaron, entonces, decidió ir a verlo. Lo encontró en la compañía. Frente a él le preguntó por qué había inventado toda la historia de la estafa, pero Levin no le respondió: le dijo que ella había traicionado a la empresa y que era una desgraciada.

Por último, otro de los choferes, Jorge Arturo Romero, declaró que “pudo ver a Levin en muchas ocasiones dentro de la comisaría”. Un día vio al empresario entrando a la oficina de Bocos y, momentos después, el subcomisario salía de la pieza donde estaban los detenidos como si entre uno y otro se pasaran información.

Fuente: pagina 12

2012-01-21T09:05:00.003-08:00

Nuevamente destacamos que los juicios a los represores militares, policiales y civiles de las provincias de Jujuy y Catamarca no tienen fecha de elevación a juicio público y oral, es decir que la impunidad que gozan desde la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final sigue firme, pese al reclamo de los familiares y de los organismos de derechos humanos y en desafío a la decisión de juicio y castigo a los genocidas.

El fusilamiento de presos políticos, el secuestro y desaparición de militantes, el robo de bienes, la complicidad empresarial con la represión, etc, en Jujuy y Catamarca, de acuerdo al cronograma oficial todo sigue igual.

Nada a cambiado y no hay señales que se modifique la impunidad de los genocidas.

Agencia de Noticias DH.

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Lesa humanidad: la agenda de juicios orales previstos para este año

Se trata de debates que tienen fecha de inicio confirmada. Se realizarán en Mar del Plata, Capital, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Rosario, Neuquén, Tucumán, Entre Ríos, La Rioja y Santa Fe. Entre los acusados están Jorge Rafael Videla y Luciano B. Menéndez

Para 2012, son once los juicios orales por delitos de lesa humanidad que tienen fecha de inicio confirmada. Se trata de los debates que se realizarán en Mar del Plata, Capital, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Rosario, Neuquén, Entre Ríos, Tucumán, La Rioja y Santa Fe. A continuación, los detalles:

9 de febrero, Mar del Plata

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata dará inicio al juicio oral contra los ex militares Julio Alberto Tommasi, Roque Ítalo Pappalardo, José Luis Ojeda, y los civiles Emilio Felipe Méndez y Julio Manuel Méndez. Se les imputa privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado, de Carlos Alberto Moreno, oriundo de la localidad de Olavarría y se desempeñaba como abogado laboralista.

14 de febrero, Córdoba

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, integrado por los jueces José Fabián Asis, José Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano, encabezará el debate donde serán juzgados Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto Olivieri, ex integrantes del Comando Radioeléctrico de la ex Unidad Regional 1. La causa investiga la muerte de Jorge Diez, Ana Villanueva y Carlos Oliva, militantes de la Juventud Peronista.

27 de febrero, Rosario

El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario dará inicio al juicio oral donde serán juzgados el ex coronel Manuel Fernando Saint Amant, el ex policía Antonio Federico Bossie y el ex comisario general Jorge Muñoz. Se investigan los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios ocurridos en noviembre de 1976 en la localidad bonaerense de San Nicolás en perjuicio de cinco víctimas.

7 de marzo, Neuquén

Ese día, ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, comenzará el juicio oral contra Luis Alberto Farías Barrera, Enrique Braulio Olea, Oscar Lorenzo Reinhold, Hilarión de la Pas Sosa, Mario Alberto Gómez Arenas, Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín, Francisco Julio Oviedo, José Ricardo Luera, Enrique Charles Casagrande, Máximo Ubaldo Maldonado, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, Raúl Antonio Guglielminetti, Antonio Alberto Camarelli, Gustavo Viton, Miguel Angel Quiñones, Jorge Osvaldo Gaetani, Serapio del Carmen Barros, Emilio Jorge Sacchitella, Jerónimo Enerio Huircain, Oscar Ignacio Del Magro, Julio Héctor Villalobo, Saturnino Martínez y Desiderio Penchulef.

15 de marzo, Tucumán

El Tribunal Oral Federal de Tucumán dará inicio al debate que se realizará en el marco de la causa “De Benedetti”, en la que se investiga la muerte de Osvaldo De Benedetti, ocurrida en 1978. Se encuentran acusados Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Eduardo Gorleri, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge González Navarro y Alberto Carlos Lucena.

15 de marzo, La Rioja

El Tribunal Oral Federal de La Rioja dará inicio a un juicio oral contra Luciano Benjamín Menéndez. El debate, encabezado por los jueces, José Camilo Nicolás Quiroga Uriburu, Carlos Julio Lascano y Jaime Díaz Gavier, se realizará en el marco de la causa “Estrella, Luis Fernando y otro-homicidio calificado reiterado, privación ilegítima de la libertad seguida de muerte y tormentos”. Además de Menéndez también serán juzgados Luis Fernando Estrella y Domingo Benito Vera.

21 de marzo, Paraná

Desde ese día, el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por los jueces Roberto Lopez Arango, Lilia Carnero y Noemí Marta Berros encabezarán el debate donde serán juzgados Albano Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone, Francisco Crescenzo, Julio César Rodríguez, Juan Miguel Valentino, Naldo Miguel Dasso, Marcelo Alfredo Pérez, Juan Carlos Mondragón y Santiago Carlos Kelly del Moral.

22 de marzo, Santa Fe

Comenzará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad un juicio oral contra el expolicía Juan José Luis Gil por amenazas y coacciones en perjuicio de funcionarios judiciales, víctimas y querellantes que intervinieron en la etapa de instrucción de una causa por violación a los derechos humanos que tramita ante el Juzgado Federal de Reconquista.

10 de abril, Comodoro Rivadavia

Ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia –integrado por los jueces Enrique Jorge Guanziroli, Pedro José De Diego y Nora María Cabrera de Monella-, el 10 de abril, a las 10, comenzará el juicio oral por los hechos conocidos como “Masacre de Trelew”, ocurridos en el año 1972, donde se investigan homicidios agravados y torturas, en perjuicio de 19 víctimas. Los imputados son: Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino, Jorge Enrique Bautista, Luis Emilio Sosa, Horacio Alberto Mayorga y Rubén Norberto Paccagnini.

16 de abril, Capital

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital, serán juzgados Pedro Santiago Godoy y Alfredo Omar Feito por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de su actuación en los centros clandestinos de detención denominados “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” en perjuicio de un total de ciento ochenta y un víctimas.

10 de junio, Córdoba

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de encabezará el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención denominado La Perla. Entre los imputados se encuentra el exgeneral Luciano Benjamín Menéndez. Está previsto que durante el juicio comparezcan alrededor de 250 testigos, lo que la convierte en el juicio más importante llevado adelante en esta jurisdicción.

Fuente: www.cij.gov.ar

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LOS PROCESOS ORALES POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS QUE YA TIENEN FECHA DE INICIO

Los once juicios que empiezan en 2012

Está previsto el comienzo de juicios orales por delitos de lesa humanidad en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Tucumán, La Rioja, Entre Ríos, Chubut y Capital. Videla, Bessone y Menéndez, entre los acusados. Se destaca el proceso por la Masacre de Trelew.

Once juicios orales por delitos de lesa humanidad cuentan ya con fecha confirmada para comenzar durante la primera mitad de 2012. El ex dictador Jorge Rafael Videla y los represores Luciano Benjamín Menéndez y Albano Harguindeguy son algunos de los militares que serán juzgados. La primera audiencia se realizará en Mar del Plata, el 9 de febrero, y le seguirán debates en Córdoba, Rosario, Neuquén, Tucumán, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut y Capital Federal. El inicio del juicio por la Masacre de Trelew, a cuarenta años del crimen, un nuevo proceso por los delitos del Circuito ABO, nuevas investigaciones por delitos en el centro clandestino La Perla, auguran, en materia de derechos humanos, un año similar al 2011, que llegó a cifras record de imputados y condenados desde la restauración de la democracia.

Mar del Plata. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata comenzará a juzgar el 9 de febrero a tres ex militares y dos civiles por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio de Carlos Alberto Moreno, un abogado laboralista de la localidad de Olavarría. Durante el juicio serán juzgados los ex militares Julio Alberto Tommasi, Roque Italo Pappalardo, José Luis Ojeda, y los civiles Emilio Felipe Méndez y Julio Manuel Méndez.
Córdoba. La semana siguiente, con fecha confirmada para el 14 de febrero, comenzará en Córdoba un juicio contra tres ex policías miembros del Comando Radioeléctrico de la ex Unidad Regional 1 de la policía provincial. Se los juzgará por el fusilamiento de tres militantes de la Juventud Peronista, ocurrido en 1976. Los ex policías Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto Olivieri están acusados de detener y fusilar a los estudiantes universitarios Ana María Villanueva, Jorge Manuel Diez y Juan Carlos Delfín Oliva.
Córdoba II. También en la capital cordobesa, pero ya a mitad de año, el 12 de junio, comenzará un nuevo juicio contra Luciano Benjamín Menéndez, en el marco de la causa denominada “Menéndez III”. En este nuevo proceso –el cuarto juicio por violaciones a los derechos humanos que se realizará en la provincia– se investigarán delitos cometidos en el centro clandestino de La Perla entre 1975 y 1978. El expediente acumula ocho causas, con posibilidad de agregar una novena que involucra a 32 víctimas de la represión.
n Rosario. Dentro de poco más de un mes, el 27 de febrero, comenzará en Rosario un juicio por la Masacre de Juan B. Justo, ocurrida el 19 de noviembre de 1976 en una vivienda de la ciudad de San Nicolás, en donde murieron cinco personas. Se indagará y juzgará al coronel Manuel Fernando Saint Amant, al ex policía Antonio Federico Bossie y al ex comisario Jorge Muñoz, a quienes se les imputan los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios de la familia Amestoy, integrada por Omar Amestoy y María del Carmen Fettolini, y por sus hijos Fernando, de tres años, y María Eugenia, de cinco. También fue asesinada en el lugar Ana María del Carmen Granada, madre de Manuel Gonçalves, nieto recuperado y querellante en la causa.
Neuquén. Para marzo se prevé el inicio de cinco juicios orales. El primero se iniciará el miércoles 7, en Neuquén, en lo que será la segunda parte del juicio por violaciones a los derechos humanos en el marco de la causa “Luera, José Ricardo y otros s/Delitos contra la Libertad y otros”, conocido como la Escuelita II. Este proceso juzgará a 25 imputados pertenecientes al Ejército, Gendarmería, Policía Federal, policías de Neuquén, Río Negro y miembros de servicios de inteligencia, por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 39 víctimas. En este segundo tramo del juicio se espera conocer, además de las responsabilidades de los jefes militares, la actuación de presuntos integrantes de grupos de tareas que actuaron en Roca, Cipolletti, Cinco Saltos, Junín de los Andes, Cutral-Có y Neuquén.
Tucumán. Al debate neuquino le seguirá un juicio en Tucumán, donde a partir del 15 de marzo se dará inicio a las audiencias enmarcadas en la causa que investiga la muerte del militante del Ejército Revolucionario del Pueblo Osvaldo De Benedetti, ocurrida en 1978. En este crimen están involucrados el dictador Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Eduardo Gorleri, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Alberto Carlos Lucena y Jorge González Navarro.
La Rioja. También el 15 de marzo, pero en La Rioja, comenzará el juicio oral por el asesinato de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville, conocidos como “los mártires de Chamical”. Murias y Longueville fueron ultimados con armas de fuego en las afueras de esa ciudad, tras habérseles vendado los ojos y atado las manos. El hecho ocurrió 17 días antes de la muerte del obispo Enrique Angelelli. Serán juzgados el entonces vicecomodoro Luis Fernando Estrella, ex segundo jefe de la Base Aérea de Chamical, también Luciano Benjamín Menéndez y el ex comisario de la policía de Chamical, Domingo Benito Vera.
Paraná. En la ciudad entrerriana comenzará el 21 de marzo el proceso por los crímenes cometidos en las ciudades de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, juicio en el que se encuentra imputado el ex ministro del Interior general Albano Harguindeguy. Estas audiencias sentarán al banquillo a nueve militares y policías por 28 casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas. Además de Harguindeguy, serán juzgados el ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército de Rosario, general Ramón Genaro Díaz Bessone; el ex jefe del Regimiento de Concordia, Naldo Miguel Dasso; el ex jefe del Regimiento de Gualeguaychú Juan Miguel Valentino, el ex jefe de sección en esa misma guarnición militar Santiago Héctor Carlos Kelly del Moral. Los otros represores involucrados son el ex jefe departamental de Policía de Gualeguaychú Marcelo Alfredo Pérez; el ex jefe de la División de Operaciones y Seguridad de la Policía Juan Carlos Mondragón y los policías federales Francisco Crecenso y Julio César Rodríguez.
Santa Fe. El 22 de marzo, en tanto, comenzará en Santa Fe el juicio contra el ex policía Juan José Luis Gil, imputado por amenazas y coacciones contra funcionarios judiciales, víctimas y querellantes que intervinieron en una causa por crímenes contra los derechos humanos que se tramita ante el Juzgado Federal de Reconquista. Gil es un ex integrante de la guardia rural Los Pumas de la policía santafesina durante la represión.
Trelew. En abril llegará el inicio del juicio por la Masacre de Trelew, ocurrida en 1972, dejando un saldo de 16 muertes. Las audiencias comenzarán el martes 10 y se desarrollarán en Comodoro Rivadavia. Se juzgará a seis imputados por torturas y homicidios agravados contra 19 víctimas. Los acusados son: Jorge Enrique Bautista, Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino, Horacio Alberto Mayorga, Rubén Norberto Paccagnini y Luis Emilio Sosa. Serán juzgados por su actuación en la base Almirante Zar de Trelew, cuando el 22 de agosto de 1972 fueron fusilados los presos políticos Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.
Capital. El 16 de abril se comenzará a juzgar en la ciudad de Buenos Aires a los represores Santiago Godoy y Alfredo Omar Feito por delitos cometidos en perjuicio de 181 víctimas, en lo que será un nuevo juicio por crímenes dentro del circuito de centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, conocido como ABO. Se encargará de ello el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2. En diciembre de 2010, 16 represores fueron condenados por 183 crímenes en el circuito ABO y uno fue absuelto. Godoy era oficial de Inteligencia de la Policía Federal, encargado, según el testimonio de sobrevivientes, de la aplicación de torturas y del traslado de los detenidos dentro del circuito. Feito, alias Cacho o Speziale, es un sargento ayudante retirado, ex miembro de la Central de Reunión de Contrasubversión del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército.

Fuente: Pagina 12

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2012-01-20T16:38:00.000-08:00

El fiscal Villalba quiere que se haga pidió un estudio de factibilidad para determinar la presencia de restos óseos de desaparecidos

Suspenden la búsqueda de desaparecidos en el Cabra Corral

on la decisión adoptada por la Fiscalía Federal se descarta que el rastrillaje lo realicen buzos de la Policía local. Por la magnitud de la investigación, lo que se busca es que la tarea tenga un alto nivel de efectividad.

viernes 20 de enero de 2012 Salta

HUGO AYLLON EL BUZO DE LA POLICIA QUE SE ACCIDENTO HACE MÁS DE 10 AÑOS FUE CONVOCADO COMO TESTIGO.

El fiscal federal Eduardo Villalba resolvió suspender momentáneamente la inspección subacuática en el dique Cabra Corral para determinar si en sus profundidades existen restos óseos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Villalba adoptó esta medida por considerar que antes de efectuar el rastrillaje es necesario realizar un estudio de factibilidad para conocer una serie de detalles, de manera tal que la tarea se realice con un alto nivel de efectividad.

El funcionario consideró valiosa la investigación iniciada por su reemplazante Ricardo Toranzos, a partir de las declaraciones de un comisario retirado de la Policía de la provincia, quien afirmó a El Tribuno que fue testigo de la aparición de personas asesinadas que habían sido fondeadas en ese extenso dique. Fue Toranzos el que decidió que se realizara una inspección en la zona del murallón, la más profunda del dique, y pidió la colaboración a la Secretaría de Seguridad para que buzos de la Policía salteña efectuaran ese trabajo. Al retomar su labor, Villalba consideró atinada la medida, pero a su juicio antes de la inspección es conveniente un estudio de factibilidad si se pretende lograr el efecto buscado.

“Considero que es necesario un estudio técnico que permita determinar el grado de turbiedad del agua, el nivel de sedimentación acumulado en los últimos treinta años y a cuánto alcanza la profundidad del agua en la zona determinada para el rastrillaje”, puntualizó Villalba. A su juicio, esos estudios preliminares van a ser determinantes para saber qué tipo de personal se requiere para llevar a cabo con éxito esta misión, la que de por sí implica un alto riesgo.

Por esta situación, el fiscal estimó conveniente esperar los resultados de esos estudios y al mismo tiempo efectuar las consultas a nivel nacional para determinar los equipos con los que se contarían para realizar una inspección de esta magnitud. El fiscal se hizo eco del planteo de las organizaciones de derechos humanos de Salta que se pronunciaron a favor de que la tarea sea realizada por un equipo especializado, sin relación con la Policía local, ya que exmiembros de la institución están involucrados con las causas de lesa humanidad.

Ayllón fue citado como testigo

Hugo Ayllón, el recordado buzo de la Policía local que sufrió un grave accidente hace más de una década cuando realizaba su tarea en el Cabra Corral, fue citado como testigo.

“Por su experiencia y todo lo que vivió durante su travesía, considero que esta persona nos puede aportar datos importantes”, dijo Villalba. También el fiscal anunció que pedirá copia de las declaraciones del exsubcomisario Hugo Vilte, quien se presentó como arrepentido en la causa Ragone y manifestó conocer en qué lugar del dique arrojaron el cuerpo del exgobernador de Salta, secuestrado y desaparecido el 11 de marzo de 1976.

Fuente: El Tribuno

2012-01-19T16:27:00.000-08:00

2012-01-18T16:47:00.000-08:00

Búsqueda de desaparecidos en el Cabra Corral

Piden expertos para rastrillar el Cabra Corral

La búsqueda debe realizarse en el murallón, a 90 metros de profundidad. Los buzos de la Policía local no pueden hacerlo.

miércoles 18 de enero de 2012 Salta

PEDIDO: EL RASTRILLAJE SE REALIZARA EN LA PARTE MAS PROFUNDA DEL CABRA CORRAL.

Ya son dos los testigos que aseguraron que en el embalse se arrojaron cadáveres durante la última dictadura militar.

Organizaciones de derechos humanos de Salta pedirán a la Fiscalía Federal que un equipo de buceo especializado en aguas profundas realice la inspección subacuática en el dique Cabra Corral, para determinar la presencia de restos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar.

Efectuarán ese planteo por considerar que la Policía de Salta no cuenta con el personal necesario para esta tarea, que requiere -opinan- de un alto nivel de capacitación para lograr el resultado que se busca.

Tania Kiriaco, abogada de la Asociación “Lucrecia Barquet”, planteó la necesidad de que el rastrillaje en el embalse esté a cargo de un equipo neutral sin vinculaciones con la Policía, debido a que exmiembros de la fuerza de seguridad local están sospechados, imputados y condenados por su participación en el secuestro y desaparición de personas en aquellos años aciagos de la dictadura militar que asoló en el país entre la década del 70 y parte del 80.

En este caso, la abogada puso como ejemplo las condenas a perpetua dictadas a Miguel Gentil y Joaquín Guil por el magnicidio del exgobernador Miguel Ragone. Debido a que ambos estaban al frente de la institución, en el juicio realizado el año pasado, la Justicia federal los consideró “autores mediatos” del crimen, junto al exjefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall.

“Habría que solicitar la colaboración del Ministerio de Defensa de la Nación para que envíe un equipo especializado en la materia”, dijo Kiriaco. Y agregó que “el Gobierno nacional es el principal interesado en que estos delitos se esclarezcan y desde ese punto de vista no habrá inconvenientes para que dé una respuesta concreta al requerimiento de la Justicia”.

A su juicio, “la inspección prevista tiene que realizarse con un alto nivel de efectividad ante la magnitud de la investigación que apunta a determinar si a ese dique fueron arrojadas muchas de las víctimas de la represión, como se sospecha”.

La letrada le atribuyó importancia a los testimonios brindados a la prensa por un comisario retirado de la Policía y por un pescador. El fiscal interino, Ricardo Toranzos, solicitó días pasados la colaboración de la Secretaría de Seguridad de la Provincia para efectuar la inspección subacuática en la zona del murallón, donde se sospecha fueron fondeadas muchas víctimas del terrorismo de Estado.

Se calcula que en ese lugar hay 90 metros de profundidad, por lo que se requiere de un equipo especializado para la tarea, que consistirá en verificar se existen resto óseos de personas. Las actuaciones quedaron a partir del lunes pasado en manos del fiscal Eduardo Villalba, quien deberá resolver los pasos a seguir

Kiriaco anunció que las organizaciones de derechos humanos se presentarán como querellantes en esta nueva instancia de las causas por delitos de lesa humanidad que se ventilan en la justicia salteña.

“Los familiares de los desaparecidos son los más interesados en que esta investigación se lleve adelante”, señaló la abogada. Por ese motivo insistió en que el rastrillaje en las profundidades del dique Cabra Corral, ubicado en la localidad de Coronel Moldes, lo realice un equipo de expertos.

Fuente: El Tribuno

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Los buzos de la Lacustre sólo pueden sumergirse hasta 30 metros de profundidad

Fuente: www.informatesalta.com.ar |

De los ocho buzos que componen el plantel de la Policía Lacustre, la mitad puede bajar a esa profanidad, y el resto está capacitado para llegar hasta los 18 metros, según lo que pudo averiguar Informatesalta. De esta manera, la única posibilidad de rastrear el fondo del dique Cabra Corral, de hasta 90 metros, tal como lo solicitó un fiscal, es traer profesionales de la Armada Argentina u otra fuerza a nivel nacional.

El fiscal Ricardo Toranzos solicitó, mediante un escrito, que se rastree el fondo de dique Cabra Corral en búsqueda de alguna evidencia que permita determinar si es que su lecho conserva la presencia de datos que aporten a la causa que se investiga con relación a la denuncia formulada por un ex comisario: el Ejército tiró cuerpos de desaparecidos en ese gigantesco espejo de agua.

Ayer se sumó un nuevo elemento a esta historia: el testimonio que un pescador brindó a Informatesalta cuando afirmó haber visto a un helicóptero del Ejército arrojar cuerpos al agua.

Con relación al pedido del fiscal, Informatesalta llegó hasta la delegación que la Policía Lacustre tiene en el Dique Cabra Corral. La intención fue conocer en detalle el equipamiento técnico y la preparación que poseen los buzos que componen el plantel. Si bien los oficiales apostados allí no pueden brindar información a la prensa sin una orden superior, este medio pudo averiguar algunos datos, de manera extraoficial.

BUZOS.- El plantel de buzos está compuesto por ocho hombres, pero solamente la mitad de ellos está preparado, y autorizado mediante un certificado profesional, para descender a 30 metros de profundidad. La otra parte sólo puede hacerlo hasta los 18 metros.

EQUIPAMIENTO.- El equipamiento que tienen es para practicar buceo recreativo o deportivo. Cuentan con un solo tubo de oxígeno por persona, cuando el buceo profesional consta de dos tubos. El equipamiento profesional viene con censores que marcan desde la profundidad, temperatura del agua y la reserva de oxígeno con la que cuenta el buzo. Lamentablemente, la policía Lacustre de Salta tiene un equipamiento muy rudimentario para lograr el relevamiento que solicitó la fiscalía.

INFRAESTRUCTURA.- La policía Lacustre tiene en el dique tres botes de goma con motor fuera de borda, y en el puerto están anclados un catamarán, dos plataformas flotantes para el desembarco y un catamarán que al que lo usan para entrenamiento. La lancha que poseen para patrullar el espejo de agua tiene un desperfecto mecánico en el motor, y el repuesto está retenido en la Aduana al cerrarse las importaciones.

VISIBILIDAD.- La visión de los buzos es más o memos clara en las orillas y hasta los 7 u 8 metros de profundidad. Luego la visión se pierde por completo, ya que los sedimentos se convierten en una barrera infranqueable para que los buzos puedan ver a más de medio metro de distancia. “Se ven algunos peces, como bagres y carpas, sobre todo cuando se bucea cerca de la orilla. Luego es imposible ver algo”, le dijo a Informatesalta uno de los buzos que se encontraba realizando prácticas de salvataje junto a otros compañeros. Este dato indica que los buzos que rastreen el fondo van a tener que contar con potentes luces submarinas para aumentar la capacidad visual.

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Sociedad

“Yo vi cuando un helicóptero del Ejército tiraba cuerpos al dique”

Fuente: www.informatesalta.com.ar | Lunes, 16 de Enero de 2012.

Se llama Andrés Reyes, tiene 67 años y hace 40 que concurre a pescar al Cabra Corral junto su hermano, Mauro. El hombre le contó a Informatesalta lo que vio aquella noche mientras estaba pescando a la altura de la Casa de Piedra. “Cuando sentimos el ruido del motor del helicóptero apagamos las lámparas y nos quedamos quietos en medio los árboles donde estábamos pescando en la orilla”, dijo. En ese lugar, hace “unos 25 años más o menos”, vio aquella tétrica escena que le quedó grabada a fuego en su memoria. Un testimonio conmovedor.
Imágenes
Los hermanos Reyes, Andrés y Mauro, hace 40 años que van todos los fines de semana al dique Cabra Corral. “No faltamos casi nunca”, se regodean, mientras miran fijamente la bolla que flota metros abajo, en el espejo de agua verdosa del embalse. Los dos están pescando desde el puente, cerca de la orilla norte, alejados del ruido de la gente que a cerca de las 11 del día sábado ya comenzaba a poblar la estructura de cemento para sacarse una foto, saltar desde la plataforma atados de los pies o simplemente para contemplar desde allí la majestuosidad del dique.
“Nosotros venimos aquí desde antes de que esto se transforme en dique. Por aquí pasaba el río Guachipas y nosotros veníamos a pescar bagres”, le cuenta a Informatesalta Mauro, quien con 65 años es el menor de los dos. “Siempre nos gustó la pesca, y casi siempre salimos juntos, desde hace años”, comentan.
- La pregunta obligada es si lo vieron alguna vez a “cabralito…”
- No, esas son mentiras. Nunca vimos nada raro en este dique, recién ahora la gente comenta algo con respecto a ese bicho, pero nosotros nunca vimos nada. (Mauro)
- ¿Y cuándo estaban los militares en el poder, se podía pasear en este lugar sin problemas o había algún tipo de restricciones?
- Se podía andar sin problemas, no pasaba nada.
- La pregunta viene porque, dicen, en este lugar hay cuerpos que tiraban en la época de la dictadura…
- De que hay cuerpos, hay cuerpos, eso es seguro.
- ¿Y usted cómo sabe eso?, ¿sospecha algo o sabe algo?
- No, lo que pasa es que yo vi cosas. Vi cuando un helicóptero del Ejército tiraba cuerpos al dique.
- ¿Hace cuántos años pasó esto que usted cuenta?
- Unos 25 años más o menos.
- ¿Y estaban los dos juntos pescando?
- No, estaba yo con un grupo de amigos (dice Andrés) porque mi hermano esa noche no pudo venir.
- ¿Se acuerda más o menos la hora?
- Era un sábado, como a las tres de la mañana más o menos.
- ¿En qué lugar vio eso?
- Estábamos pescando a la altura de la “Casa de Piedra”, cuando de golpe sentimos el ruido del helicóptero. Apagamos las lámparas y nos quedamos quietitos, sin hacer ruido, porque teníamos miedo de que, si nos descubrían, nos podían hacer algo a nosotros.
- ¿Qué fue lo que vio exactamente?
- El helicóptero vino y se posó a unos metros del agua, entonces tiraron una cosa pesada, como un envoltorio grande.
- ¿Cuántos ruidos de cosas que cayeron escuchó?
- Uno solo escuchamos, y luego el helicóptero se fue.
- ¿Y qué hicieron ustedes luego?
- Nos quedamos calladitos, nadie habló, nadie dijo nada. No queríamos ni prender la linterna siquiera. Tampoco comentamos nada en ninguna parte, ni en el barrio, en ningún lado.
- ¿Y por qué cuenta esto ahora?
- Por que ya pasó mucho tiempo, para evitar problemas no hablé nunca este tema, pero ahora el tiempo pasó, por eso le conté lo que vi aquella noche.
Este fue el diálogo, textual, que Informatesalta llevó a cabo con Andrés Reyes, el primer civil que realiza una denuncia de este tipo en Salta. Al final de la charla, y al momento de la despedida, le advertimos: “Don Andrés, de ahora en más lo van a llamar de varios lados, incluso de la Justicia para que amplíe lo que dijo en esta nota”. Una sonrisa nerviosa obtuvimos como única respuesta.
Fuente: http://www.informatesalta.com.ar
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2012-01-13T05:40:00.000-08:00

Se definirá la próxima semana la inspección dispuesta por el fiscal Toranzos

La Policía se prepara para buscar restos en el dique Cabra Corral

Buzos especializados rastrearán el Cabra Corral en busca de restos óseos de víctimas de la represión fondeadas en ese embalse. Ayer prestaron declaración testimonial otros dos integrantes del equipo de que inició las investigaciones.

viernes 13 de enero de 2012 Salta RUBEN ARENAS, El Tribuno

PRACTICA:EN COINCIDENCIA CON EL MISTERIO, EN EL PUENTE CARRETERO DEL DIQUE SE PRACTICA EL JUMPING, UN DEPORTE DE MUCHO RIESGO

Lo que falta determinar es la identidad del cadáver de la persona que según el comisario Medina fue fondeada en el dique.

Luego de la inspección subacuática la Fiscalía deberá determinar si hay elementos para profundizar las investigaciones.

La Secretaría de Seguridad de la Provincia definirá en el curso de la próxima semana la fecha de iniciación de la inspección subacuática en el dique Cobra Corral, en procura de localizar restos óseos de víctimas de la represión que habrían sido arrojadas allí durante la dictadura militar, de acuerdo con los dispuesto por el fiscal federal, Ricardo Toranzos. Así lo anunció ayer a El Tribuno el titular del organismo, Eduardo Sylvester, quien manifestó la firme voluntad del Gobierno salteño de colaborar en las investigaciones que realiza la Justicia Federal de Salta para esclarecer los delitos de lesa humanidad, cometidos en la provincia entre 1975 y 1983.

“La Policía ya comenzó a movilizarse para armar toda la logística y de esa manera cumplir con el pedido que nos hizo la Fiscalía”, informó Sylvester. El funcionario aseguró que la institución cuenta con un equipo de buzos capacitado para llevar a cabo la tarea requerida por Toranzos en el escrito que le hizo llegar el miércoles último. Lo que el fiscal pidió es que se haga una inspección en la zona del murallón, la más profunda del dique (90 metros) para determinar si existen restos humanos. De acuerdo con las investigaciones realizadas, ese lugar habría sido utilizado por el aparato represivo para fondear cadáveres de personas detenidas ilegalmente por estar fichadas como subversivas.

Lo que se sospecha es que el cadáver del exgobernador Miguel Ragone, secuestrado el 11 de marzo de 1976, habría sido arrojado en esas profundidades. “Nos parece interesante que el fiscal haya decidido profundizar las investigaciones sobre los desaparecidos, a partir de los datos aportados a la prensa por un comisario retirado”, destacó Sylvester. Apuntó que la Provincia, como querellante en las causas que se ventilan en la Justicia Federal salteña, “va a acompañar con todo lo que esté a nuestro alcance durante este proceso, particularmente la Policía como auxiliar de la Justicia”.

A juicio del funcionario “es necesario empezar a develar este misterio que existe en torno al Cabra Corral que, de acuerdo con el comentario de la gente, habría sido utilizado para la desaparición de personas”.

Mientras se aguarda la inspección subacuática, el fiscal Toranzos continuó con la recepción de declaraciones testimoniales. Ayer fue el turno de Federico Medaa y Jesús Flores, integrantes del equipo periodístico de El Tribuno, quienes participaron de la entrevistas al comisario (r) Roberto Medina cuando, el 28 y 29 de diciembre pasado, declaró a este medio que fue testigo de la aparición de cadáveres de personas que habían sido asesinadas y con evidentes signos de haber sido fondeadas en el embalse.

Toranzos tomó esta información como “notitia criminis” e inició las investigaciones del caso, las que concluirán con el avistaje que los buzos harán en los próximos días en el murallón del misterio. El único que falta declarar es un comisario de apellido Luna, quien en aquella época se desempeñaba como jefe de la División Criminalística de la Policía y tenía como subalterno de Medina.

Con la mira en el puente

Quienes conocen detalles relacionados con la fabulosa obra de ingeniería del dique Cabra Corral sospechan que la zona del puente, la de los pescadores, podría ocultar el misterio de los desaparecidos. Se trata de otra de las partes profundas del embalse, aunque no habría sido utilizada para borrar todo vestigio de las víctimas de la represión ilegal.

Lo concreto es que a medida que avanza la investigación judicial van surgiendo nuevos detalles en torno a los delitos de lesa humanidad cometidos por el aparato represivo en Salta, a partir de 1975, como quedó claramente expresado en el juicio por el secuestro y desaparición del exgobernador constitucional Miguel Ragone.

Se considera que los dichos del comisario Roberto Medina no fueron casuales y así como él, y de a poco, otras personas comenzarán a romper el silencio que mantienen desde hace más de tres décadas.

Fuente: El tribuno

Buzos especializados de la policia deberan auscultar las profundidades del embalse

La Justicia dispuso una inspección subacuática en el dique Cabra Corral

La medida fue dispuesta para determinar si en ese espejo de agua hay restos óseos de víctimas de la represión ilegal. Los rastrillajes se realizarán en la zona del murallón, que es la parte más profunda del extenso dique salteño.

El fiscal federal Ricardo Toranzos se hizo eco del pedido de distintos sectores de la comunidad, entre ellos el Gobierno de la Provincia, y dispuso que se haga una inspección subacuática con buzos especializados en el Cabra Corral para detectar la posible presencia de restos óseos de personas que habrían sido arrojadas en el dique durante la última dictadura militar. Con tal motivo libró un oficio al secretario de Seguridad, Eduardo Sylvester, para que habilite los medios necesarios y se efectúe un rastrillaje en la zona del murallón donde se encuentran las turbinas de la central termoeléctrica, con capacidad de 34.000 KW de potencia, cada una con sus respectivos generadores. Se trata de la parte más profunda del espejo de agua, estimada en unos 90 metros.

Según Toranzos, el objetivo de la inspección es establecer si en esa zona se pueden observar restos humanos a partir de los datos aportados por un comisario retirado de la Policía de la Provincia, quien en declaraciones realizadas a El Tribuno aseguró haber asistido al rescate de un hombre que presentaba impactos de balas y que había sido fondeado en el dique.

En el escrito elevado a Sylvester, el fiscal pide que el personal destacado para esta misión precise si la acumulación de sedimento podría haber enterrado algún cadáver, lo que deberá ser informado de inmediato a los efectos de solicitar la correspondiente orden judicial para su secuestro. También solicitó que -en lo posible- el relevamiento sea respaldado con una filmación. “Es necesario conocer las variaciones que tuvo el dique en los últimos 30 años para determinar el cuadro de situación”, dijo Toranzos.

Explicó que en la primera etapa el rastrillaje lo hará un equipo especializado de la Policía y que su trabajo se limitará a inspeccionar las profundidades del complejo; en caso de lograr algún avistamiento que haga suponer la presencia de restos óseos se dará intervención al juez en turno. “Las facultades de la fiscalía llegan hasta allí y en caso que la inspección tenga resultado positivo será necesario tomar los recaudos para preservar la zona”, señaló Toranzos.

No está determinada la fecha en que comenzarán los operativos en el sector dispuesto para el buceo, lo que está supeditado a los preparativos del personal que hará el relevamiento del área. “Estimamos que en diez días podríamos tener novedades”, dijo el fiscal

Con estas medidas, el funcionario dejará allanado el camino para que el fiscal titular de la causa, Eduardo Villalba, continué con las próximas diligencias a partir del lunes cuando retome sus funciones.

Las actuaciones se iniciaron el 29 de diciembre pasado a partir de la información que publicó El Tribuno: el comisario (r) Roberto Medina declaró haber sido testigo de la aparición de cadáveres fondeados en el Cabra Corral. Toranzos tomó como “notitia criminis” la publicación bajo la carátula “Averiguación s/publicación diario El Tribuno de Salta, expediente 34/11”. A requerimiento del fiscal prestaron declaración testimonial Medina, dos periodistas de este medio y otras personas. Hoy lo harán dos reporteros gráficos, además de otro comisario retirado, de apellido Luna, quien en la época en que aparecieron los cuerpos se desempeñada junto a Medina en la División Criminalística de la Policía local. Para los próximos días están previstos nuevos testimoniales.

El caso alcanzó amplia repercusión y movilizó a la Justicia Federal, ya que es la primera vez que un oficial que desempeñó tareas en la época del proceso habló de la aparición de cadáveres en un lugar donde los salteños -desde siempre- dicen que fue usado para la eliminación de las víctimas de la represión ilegal. Según esta teoría, el cadáver del exgobernador Miguel Ragone estaría oculto en esas profundidades desde aquel 11 de marzo de 1976, cuando un grupo de tarea lo secuestró cerca de su domicilio.

El misterio del murallón

jueves 12 de enero de 2012 Salta

RICARDO TORANZOS

La inspección en la zona del murallón del dique Cabra Corral fue dispuesta porque, según los expertos, era el lugar adecuado para arrojar cadáveres, por ser el sector más profundo del complejo y porque allí se encuentran las turbinas de la central termoeléctrica. Según el comisario retirado Roberto Medina en ese lugar apareció el cadáver de la persona que él fue a identificar entre fines de 1979 y comienzos de 1980, el que presentaba impactos de balas y con signos evidentes de que había sido fondeado. Esto guarda relación con el comentario de muchos salteños que coinciden que ese es el sitio que ocultaría el misterio de los más de cien desaparecidos en la provincia de Salta entre 1974 y 1983.

La decisión adoptada por el fiscal Ricardo Toranzos es calificada casi como “un clamor popular”, por lo que la expectativa estará centrada a partir de hoy en la tarea que realizarán los buzos en los próximos días.

El representante del Ministerio Público considera que no será una tarea fácil la que se emprenderá. El tiempo transcurrido y la cantidad de sedimento acumulado en la zona pueden ser factores que impidan lograr el objetivo que se busca. No obstante, tanto la Justicia como los familiares de las personas que integran la extensa nómina de desaparecidos confían en que esta sean la punta del iceberg para develar el misterio.

Lo que se sabe es que la fiscalía federal no solo tiene previsto inspeccionar la zona del murallón, sino otros sectores del embalse de agua que se destacan por su profundidad. La zona del puente de los pescadores, de casi 400 metros de largo y 80 de alto, también es observada como un sitio donde pudieron haberse arrojado u ocultados los cuerpos de personas asesinadas en aquellos años aciagos. Algunos sostienen que en medio de esa imponente estructura de cemento y hierro podría ocultarse otra parte del misterio de las víctimas del terrorismo de Estado. Hay quienes aseveran que donde la gente sospechó que había desaparecidos se encontraron desaparecidos, por lo que el dique Cabra Corral no podría ser la excepción.

Fuente: El Tribuno

La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007

2012-01-01T18:27:00.001-08:00

Busto: del Ex Gobernador Miguel Ragone

Es la primera vez que un oficial superior de la fuerza reconoce haber participado delhallazgo de un cadáver

Desaparecidos en el Cabra Corral

Roberto Medina informó a El Tribuno sobre personas arrojadas al Cabra Corral durante la dictadura. La Justicia Federal le pedirá su testimonio. Es la primera vez que un oficial habla sobre casos de represión en Salta.

viernes 30 de diciembre de 2011 Salta Rubén Arenas, El Tribuno

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La Fiscalía Federal de Salta motorizó una investigación a partir de los dichos de un comisario retirado de la Policía de la Provincia -experto en criminalística - que confirmarían que muchos desaparecidos de la época de la represión fueron arrojados al dique Cabra Corral. La revelación que Roberto Medina efectuó a El Tribuno en la edición de ayer fue tomada como “notitia criminis” por el fiscal Ricardo Toranzos, quien ordenó la realización de diligencias preliminares para determinar si el caso tiene entidad como para impulsar una investigación en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Salta.

Medina, quien fue el creador de la División Criminalística de la Policía, manifestó ayer que a él en particular le tocó identificar el cadáver de una persona que apareció flotando en el dique con disparos en el pecho. El hombre no dio una fecha precisa del hallazgo, pero cree que fue entre fines de los '70 y comienzo de los '80.

En su primera declaración, el oficial retirado había relatado que dos buzos de la Armada habían visto en las profundidades del dique a un enorme reptil y que él había sido el encargado de reproducirlo en su condición de dibujante. Sin embargo, la investigación se interrumpió. “Alguien se opuso -recordó-. ¿Por qué me mandaron callar?: la razón es simple, en mi breve trabajo en la zona rescataron cuatro cadáveres arrojados con pesas de cemento al fondo. Si la historia del monstruo se difundía por entonces, habrían venido investigadores extranjeros y hubiera salido a la luz una verdad más terrorífica aún”.

Ayer, el expolicía moderó sus informaciones. Sin embargo, el solo reconocimiento de la aparición de personas encontradas en esas condiciones en el lugar fue motivo más que suficiente para que el fiscal movilizara el engranaje de la Justicia para investigar el caso. Lo primero que se tiene que determinar es si el cadáver fue identificado y dónde fueron enterrados los restos. Medina cree que, efectivamente, fue identificado, aunque no recuerda de quien se trataba.

Notitia criminis

Se supo que la noticia causó revuelo en las propias estructuras de la policía local y, según trascendidos, Medina habría sido citado por la Jefatura de la fuerza para que dé las explicaciones pertinentes. El caso tuvo una gran repercusión en la víspera, ya que es la primera vez que un oficial superior de la fuerza reconoce haber participado del hallazgo de un cadáver fondeado en el Cabra Corral, luego de haber sido asesinado a balazos. Existen firmes sospechas de que una gran cantidad de víctimas del terrorismo de Estado fueron arrojadas a ese extenso complejo hídricos, entre ellas exgobernador Miguel Ragone. Por este hecho en octubre pasado fueron condenado a perpetua los coroneles (r) Carlos Alberto Mulhall y Miguel Gentil y el comisario general Joaquín Guil.

En ámbitos tribunalicios trascendió que al comisario Medina le tomarían una declaración informativa y a partir de los elementos colectados, el fiscal Toranzos deberá determinar si pide al juez en turno que impulse una investigación.

El caso despierta nuevas expectativas

Fernando Pequeño Ragone, nieto del exgobernador desaparecido el 11 de marzo de 1976, avaló la decisión de la fiscalía federal de investigar los dichos del comisario Medina. “Después de lo que esta persona dijo, creo que puede aportar datos valiosos”, expresó. Dijo que “puede ser una brecha importante para lograr el hallazgo del cuerpo de mi abuelo y de otros tantos desaparecidos”.

“De por sí, los dichos de este policía ameritan una investigación y por eso me parece importante que la Fiscalía haya tomado cartas en el asunto”, manifestó Nora Leonard, hermana de Celia Leonard, una de las víctimas de la “masacre de Palomitas”. La dirigente de Derechos Humanos sostuvo que desde siempre se dijo que muchas de las víctimas del terrorismo de Estado fueron arrojadas al dique Cabra Corral. “A mí en una oportunidad me llegó un anónimo que decía que una mujer y un hombres fueron arrojados vivos desde un helicóptero”, contó.

David Leiva, de la Organización Verdad y Justicia, opinó que “es necesario impulsar una investigación en el marco de los juicios por la verdad”. Para el letrado, “esto confirmaría que los genocidas usaron el dique como cementerio de las víctimas de la represión”.

Por su parte Cristina Cobos, de la Asociación por los Derechos Humanos “Lucrecia Barquet”, expresó que “este policía puede aportar datos importante. En esta materia todo sirve”, aseguró.

Las antiguas sospechas que se generaron sobre Cabra Corral

Por primera vez desde que en 1983 terminó el terrorismo de Estado y comenzaron las históricas investigaciones, un miembro de la fuerzas de seguridad de nuestra provincia admite haber visto cuerpos fondeados en el dique de Cabra Corral.

Estas declaraciones traen inmediatamente a la memoria el secuestro y desaparición del exgobernador de Salta Miguel Ragone ocurrido el 11 de marzo de 1976.

Ese día, una de las versiones que con más vigor se difundieron en Salta fue que el cuerpo del médico secuestrado había sido “tirado” a las aguas del Cabra Corral, embalse que acababa de alcanzar su cota máxima.

A través de los días el comentario cobró fuerza, pero luego el tiempo hizo lo suyo aunque, a decir verdad, muchos no olvidamos esa ni ninguna otra de las tantas versiones que se echaron a rodar por entonces. El juicio que terminó hace poco sobre el secuestro de Ragone no arrojó luz sobre el destino de sus restos.

Pero ahora, a casi treinta y seis años del crimen, las declaraciones de un calificado policía quizá sirvan para encontrar la punta de un ovillo que parece difícil de desenredar.

Pero aún hay más. Según el ex comisario Medina, durante el gobierno de facto de don Roberto Augusto Ulloa, el fondo de Cabra Corral había sido explorado por buzos navales, expertos que luego de observar un monstruo en las profundidades nunca más quisieron sumergirse.

Después tomaron sus pertenencias y nunca más volvieron. ¿Habrán visto un monstruo o cuerpos fondeados en el paredón del Cabra Corral?

La justicia tiene la palabra.

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El exquerellante calificó de valioso el dato aportado por un oficial retirado de la Policía local

Avila: Es hora de que los que saben empiecen a hablar

El comisario Medina declaró a El Tribuno que participó del hallazgo de un hombre arrojado en el dique Cabra Corral.

sábado 31 de diciembre de 2011 Salta Rubén Arenas, El Tribuno

JUICIO MARTIN AVILA, DURANTE SU PARTICIPACION COMO QUERELLANTE EN EL CASO RAGONE.

El concejal y exquerellante de la causa Ragone, Martín Avila, calificó de “fantástico” el hecho de que los salteños comiencen a colaborar con la causa de los desaparecidos de la última dictadura militar. Avila se pronunció en estos términos al referirse a las declaraciones del comisario retirado Roberto Medina, quien aseguró a El Tribuno que participó de la identificación del cadáver de un hombre que fue arrojado al dique Cabra Corral, luego de haber sido asesinado a balazos a fines de 1979.

El edil, quien tuvo activa participación en el juicio por el secuestro y desaparición del exgobernador Miguel Ragone, sostuvo que es necesario profundizar esta línea de investigación y, en tal sentido, resaltó la decisión del fiscal federal Ricardo Toranzos de tomar como “notitia criminis” la información publicada por nuestro matutino en su edición del jueves último. “Yo creo que el hecho de que el crimen del doctor Ragone y de otros ya no están impunes, permitirá que aquellos que saben algo de lo que pasó con él y con el resto de los desaparecidos, de a poco se animen a hablar”, señaló el letrado, quien en el juicio de marras representó a las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia y a la Cámara de Diputados local.

Avila manifestó que no tiene duda de que muchos de los desaparecidos de Salta fueron arrojados en el Cabra Corral. “Los desaparecidos no están en Europa, como en algún momento se quiso hacer creer”, enfatizó el exquerellante.

“A esta dramática historia que vivimos los argentinos la tenemos que reconstruir entre todos, y después del tiempo que pasó hasta el mínimo detalle sirve para potenciar las distintas causas que se ventilan en la Justicia Federal de Salta”. Agregó que “la causa de los desaparecido es un rompecabezas con muchas piezas sueltas y para que lo podamos armar necesitamos de la colaboración de todos”. En ese sentido, el concejal instó a todas las personas que conozcan cualquier información a que colaboren con la Justicia. “No solo me refiero a los que tienen conocimiento sobre lo ocurrido con Ragone, sino de los otros muchos salteños que figuran en las listas de desaparecidos”, expresó.

Avila también destacó que las garantías para los testigos están dadas, tanto desde el punto de vista de la seguridad como de la reserva de su identificación. “La figura del testigo protegido es un elemento fundamental dentro de las causas por crímenes de lesa humanidad”, apuntó. Por último, Avila manifestó que los dichos del comisario Medina pueden ayudar a que de a poco se vaya conociendo el paradero de los cuerpos de personas que fueron víctimas de la represión ilegal en la provincia.

El trasfondo de Cabra Corral

LUIS BORELLI, EL TRIBUNO

sábado 31 de diciembre de 2011 Salta

En el sitio donde fue encontrado el coche de Ragone hay un monolito que recuerda aquel acontecimiento.

Decíamos ayer, que las declaraciones del excomisario Roberto Medina sobre la presencia de cuerpos humanos “fondeados” en el embalse de Cabra Corral nos retrotrajo de inmediato al día del secuestro y desaparición del exgobernador Miguel Ragone.

Es que ese día, una de las primeras hipótesis que se barajaron en los corrillos políticos de la ciudad, fue que el cuerpo del exgobernador había sido tirado en las aguas del dique Cabra Corral. Y la versión -

comentada y escuchada por medio mundo- se vio reforzada cuando se supo que el automóvil Peugeot 504 que manejaba el doctor Miguel Ragone, al momento de su secuestro, había sido encontrado abandonado, con manchas de sangre y un zapato en su interior, en un callejón ubicado a metros de la ruta nacional 68 que justamente va a Cabra Corral y que para más datos está entre las localidades salteñas de Cerrillos y La Merced.

Como decía, la versión fue muy comentada y quizá por eso cuando se hablaba sobre desaparición, siempre se volvía la mirada sobre el Cabra Corral.

Pero la verdad es que con el tiempo surgieron otras hipótesis con respecto al destino del cuerpo del doctor Ragone. Una muy difundida por aquellos años duros, fue la que sostenía que había sido sepultado clandestinamente en uno de los tantos cementerios municipales del Valle de Lerma.

Lo cierto es que sobre esta hipótesis tan comentada nunca nadie pudo arrimar un solo dato cierto y concreto. Ni siquiera el juicio recientemente finiquitado pudo dilucidar tan lamentable hecho. De ahí la importancia que tienen las recientes revelaciones hechas por el exmiembro de seguridad. Sus palabras, si se comprueban fehacientemente, tendrán a no dudar, consecuencias imprevisibles.

Nómina de desaparecidos en la provincia

sábado 31 de diciembre de 2011 Salta

De acuerdo con los datos suministrados los organismos de derechos humanos de Salta, el terrorismo de Estado dejó en la provincia un saldo de más de 230 víctimas, entre muertos y desaparecidos.

Entre estos últimos, además del exgobernador Miguel Ragone, se cuenta al escribano tartagalense Aldo Melitón Bustos, por cuyo caso en el 2010 la Justifica Federal condenó a los coroneles Carlos Alberto Arias y Luis Angel Zírpolo.

La lista se completa con las siguientes personas:

Silvia Benjamina Aramayo, María del Carmen Bhler, Enrique Campos, Víctor Brizzi, María del Carmen Clemente, Alfredo Colqui, Lidia Gómez de Colqui, Gerónimo Alberto Concha, Sergio Wenceslao Copa, Víctor Antonio Chocobar, Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, Carlos Estanislao Figueroa Rojas, Ramón Gerardo Gallardo, Héctor Domingo Gamboa, Carlos Humberto García, Santos, Abraham Garnica, Ramón Eustaquio Jiménez, Gerardo David Giménez Bravo, Rolando Gómez, Juan Carlos González, Nolberto Guerrero Flores, Reynaldo Isola, Graciela Beatriz Juárez, David Reina León, Lucrecia Adela Lescano, Alfredo López, Daniel Roberto Loto Zurita, Mario Bernardino Luna, Raúl Humberto Machaca, Benita Medina de Giménez.

A éstos se suman Bárbara Minor, René Roberto Arias Coreico, Carlos Enrique Mosca Alsina, Pedro Francisco Núñez, José Napoleón Ortega, Luis Roberto Ortega Ortiz, Raúl Benjamín Osores, Adolfo Elpidio Palavecino, Felipe Rodolfo Pizarro, Mercedes Gerardo Ponce, Marta Ramos, Carlos Alberto Rivero, Alicia Rodríguez, Guillermina Rodríguez, René Russo, Silvina Ruth Sáez Vuistaz, Nora Esther Saravia de García, Luis Seruco Barba, Pedro Tapieta, Carmen Berta Torres, Pedro Tufiño, Gregorio Tufiño, Santiago Valdivieso, Juan Andrés Vilca, Aniceto Verón, Juan de Dios Ortiz, Fidel Yazlle Saya

Fuente: El Tribuno

2011-12-29T23:50:00.000-08:00

Desaparecidos en el Cabra Corral

viernes 30 de diciembre de 2011 SaltaRUBÉN ARENAS, EL TRIBUNO

Notitia criminis

Notas relacionadas

2011-12-29T23:27:00.000-08:00

Llevan a juicio a seis militares y tres comisarios de la Policía

El décimo acusado en el banquillo será un civil, Juan Manuel Ovalle.

viernes 30 de diciembre de 2011 Salta

ANTONIO OIENI, EL TRIBUNO

EL TRIBUNAL ORAL DEBERA RECONFORMARSE NUEVAMENTE PARA LA CAUSA OVALLE.

Los coroneles Carlos Alberto Mulhall, Joaquín Cornejo Alemán y Ricardo Isidro de la Vega, el teniente coronel Ubaldo Vujovich Villa, el mayor Marcelo Diego Gatto y el capitán Fernando Antonio Chaín enfrentarán un juicio oral y público por una serie de secuestros y asesinatos perpetrados en Salta entre el 8 de marzo y el 25 de septiembre de 1976.

En el banquillo también serán sentados un exjefe policial, Virtom Modesto Mendíaz; el ex director de Seguridad de la Policía de Salta Joaquín Guil, el comisario Abel Vicente Murúa, y Juan Manuel Ovalle, el primer civil que enfrentará a un tribunal en la provincia por crímenes del terrorismo de Estado.

La causa que acaba de elevar a juicio el juez federal Miguel Medina, con una resolución de 180 fojas, se abrió por la desaparición forzada y asesinato de Gemma Ana María Fernández Arcieri, Silvia Benjamina Aramayo, Héctor Domingo Gamboa, Víctor Brizzi, Estanislao Figueroa Rojas y Martín Miguel Cobos. Este último no había cumplido 18 años cuando fue acribillado por elementos policiales que actuaron, como en otros brutales crímenes de lesa humanidad, bajo el control operativo del Ejército.

Las víctimas, varias de las cuales aún figuran en las listas de desaparecidos, estaban relacionadas como docentes, personal de apoyo o estudiantes a la comunidad universitaria local, como subrayó el juez Medina en el auto de elevación a juicio que se conoció ayer.

Ahora el Tribunal Oral Federal de Salta deberá fijar la fecha en que se abrirá la audiencia de debate oral y pública contra los diez encausados que tienen procesamientos confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta desde diciembre de 2010.

“Es otro paso importante en la búsqueda de la verdad histórica”, remarcó Cristina Cobos, quien espera desde hace 35 años un esclarecimiento de los crímenes de su hermano, Martín Cobos, y su esposo, Víctor Brizzi. La integrante de la Asociación Lucrecia Barquet confió en que el Tribunal Oral Federal, que preside la jueza Marta Liliana Snopek, fije la fecha del juicio y resuelva su reconformación sin demoras.

2011-12-07T20:42:00.000-08:00

ARIAS

RESUELVE: corresponde I-Rechazar

los recursos de casación interpuestos por las

defensas de Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Zírpolo, con

costas (art. 530 y 531 del C.P.P.N.) y II- Hacer lugar a

los recursos de casación deducidos por el representante del

Ministerio Público Fiscal y la parte querellante, casar la

sentencia recurrida y en consecuencia encuadrar las

conductas atribuidas a los encartados en el delito de

privación ilegal de la libertad en concurso real con el

delito de homicidio doblemente agravado por su comisión con

alevosía y con el concurso premeditado de dos o más

personas, en carácter de coautores y remitir las

actuaciones a su procedencia a fin de que se fijen las

penas correspondientes (arts. art. 45, 55, 80 incs. 2° y 6°

y 142 inc. 1° del C.P., y 470 del C.P.P.N).

Regístrese, notifíquese en la

audiencia designada y oportunamente devuélvase al tribunal

de origen, sirviendo la presente de atenta nota de estilo.-

Fdo. Raúl Madueño, Juan E. Fégoli y Luis M. Cabral. Ante mí: Elsa Carolina Dragonetti.

Secretaria de Cámar

2011-12-06T05:32:00.000-08:00

Palomitas II: condenan a Guil

y lo mandan a cárcel común

El juez federal Julio Leonardo Bavio condenó ayer a reclusión perpetua al ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y al ex jefe de Inteligencia de la Policía de Salta, Joaquín Guil, por su participación en la Masacre de Palomitas, el fusilamiento de 11 presos políticos cometido el 6 de julio de 1976 por miembros del Ejército y de la Policía provincial.

El magistrado dispuso que Guil debe cumplir esta sentencia como cualquier condenado común: en un establecimiento penitenciario, por lo que ordenó su “inmediata detención”, lo que se practicó al mediodía. El ex hombre fuerte de la Policía salteña fue enviado enseguida a la cárcel federal de Güemes.

Guil y Menéndez fueron condenados como autores mediatos de los homicidios doblemente calificados, por alevosía y por el número de personas que participaron, de los 11 presos políticos que estaban alojados en la cárcel de Villa Las Rosas y fueron asesinados en las cercanías de la localidad de Palomitas.

Además, el juez condenó a veinte años de prisión al ex policía federal y ex integrante del Servicio Penitenciario Provincial Juan Carlos Alzugaray, en su caso como partícipe secundario de los homicidios calificados. Tanto Menéndez como Alzugaray, ambos en delicado estado de salud, seguirán con el beneficio de la prisión domiciliaria.

La novedad fue dada a conocer a las partes al mediodía de la víspera. Como se trata de un procedimiento escrito (se rige por el antiguo código de procedimientos en material criminal), se informó por la simple vía de la notificación.

Por la tarde, familiares de las víctimas, militantes de organizaciones de derechos humanos y abogados querellantes dieron una conferencia de prensa. El hecho más destacado por todos fue la decisión del juez de detener a Guil, algo poco común para la generalidad de los magistrados salteños. “Es un día histórico”, afirmó Nora Leonard, hermana y cuñada respectivamente de Celia Leonard y Benjamín Avila, muertos en Palomitas, una de las que destacó la acción del juez Bavio. También los abogados David Leiva, Tania Kiriaco y Martín Avila pusieron énfasis en esta decisión.

De hecho solo dos jueces se atrevieron antes a ordenar la detención de Guil: la abogada jujeña Gladis Comas y el ex juez federal Abel Cornejo. Guil fue condenado en octubre pasado por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone pero el Tribunal Oral en lo Criminal Federal le mantuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.

Parece que el ahora convicto por doble partida no se sentía realmente detenido permaneciendo en su casa de Villa San Lorenzo: fuentes extraoficiales comentaban ayer que cuando se le notificó que tenía que ir a la cárcel llamó a su abogado: “Me están deteniendo, me están deteniendo”, lo urgió.

Para tomar esta decisión el juez tuvo en cuenta los pedidos del fiscal Domingo Batule y de los querellantes. El magistrado hizo una interpretación restrictiva de la prisión domiciliaria, recordó que es facultativa del juez. “La injusticia de un proceder de concesión automática importaría –por sobre todo en casos de inusitada gravedad y exhorbitante trascendencia como el que nos ocupa en el que incluso se encuentra en juego la responsabilidad internacional del Estado por su deber de garantía al que se comprometió- a más de una aberración que ofende el sentido mismo de lo que es justo y el interés general en s u afianzamiento, una aplicación irracional de la norma al reconocer que existen derechos absolutos, lo que no es más que una concepción antisocial”, afirmó Bavio.

Esta es la segunda condena que se conoce en la causa Palomitas. La primera se dictó en diciembre de 2010, contra los militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil, y Hugo César Espeche.

La investigación de este hecho prosigue: ya está abierta la causa conocida como Palomitas III, en la que los querellantes han solicitado la indagatoria de tres ex miembros del Servicio Penitenciario Provincial, Napoleón Soberón, Nicolás Oliva y Eduardo Carrizo, y del militar Joaquín Cornejo Alemán. En este proceso está también imputado el ex juez Ricardo Lona.

Las víctimas

Por la tarde, frente a la plaza 9 de Julio, familiares y militantes de organizaciones de derechos humanos, como la Asociación Lucrecia Barquet e Hijos, brindaron un homenaje a los caídos en Palomitas: Celia Leonard, Benjamín Avila; Georgina Droz, Pablo Outes, Roberto Oglietti, María del Carmen Alonso, Alberto Simón Savransky, Rodolfo Pedro Usinger, María Amaru Luque de Usinger, Evangelina Botta y José Povolo.

Por Elena Corvalan

El juez Bavio revocó la prisión domiciliaria del comisario Guil, quien quedó alojado en la cárcel de Güemes

Perpetua para Menéndez y Guil en la causa Palomitas

Por la masacre de once presos políticos, en julio de 1976, también se condenó a 20 años a un exagente de la cárcel local.

lunes 05 de diciembre de 2011 Salta Rubén Arenas, El Tribuno

FALLO: LOS FAMILIARES EXPRESAN SU SATISFACCION TRAS CONOCER LA CONDENA.

El juez federal de Salta, Julio Bavio, condenó a reclusión perpetua al exjefe del III Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez y al exdirector de Seguridad de la Policía de la Provincia Joaquín Guil, como “coautores mediatos de la masacre de Palomitas”, en la que once presos políticos fueron acribillados el 6 de julio de 1976 en el paraje homónimo del departamento General Güemes. También dispuso la condena a 20 años de prisión del exjefe de Seguridad del Servicio Penitenciario Provincial Juan Carlos Alzugaray.

Más allá de la drástica sentencia, la nota sobresaliente del fallo fue la revocatoria de la prisión domiciliaria del comisario Guil, quien desde ayer al mediodía quedó alojado en la Cárcel Federal de Güemes.

La resolución de Bavio fue recibida con beneplácito por los familiares de las víctimas de uno de los crímenes más aberrantes y atroces cometidos por la última dictadura militar.

Las condenas de los nombrados en esta causa se suman a las dictadas el año pasado por la Justicia Federal al ex jefe de la Guarnición Ejército Salta Carlos Alberto Mulhall, al ex jefe de la Policial local Miguel Gentil y al ex oficial de Ejército Hugo Espeche.

El magistrado justificó la revocatoria de la prisión domiciliaria de Guil, de 74 años, por considerar que la gravedad de los hechos cometidos “no satisface en modo alguno el legítimo interés de la sociedad en el afianzamiento de la Justicia”.

Sostiene que la finalidad de la pena de prisión perpetua que se le impuso “quedaría vacía de contenido y sin aplicación” por la sola circunstancia de que la persona condenada sea mayor de 70 años. “Este es un día histórico porque no solo se hizo Justicia con la condena a Guil, sino que se dispuso que cumpla esa condena en la cárcel”, expresó Nora Leonard, hermana de Celia Leonard, quien en aquella trágica jornada fue masacrada junto a su esposo, Benjamín Avila.

Durante la conferencia ofrecida ayer en la vereda del hotel Victoria Plaza, la mujer valoró la decisión tomada por el juez Bavio. Para la abogada Tania Kiriaco, “el fallo del juez reivindica la lucha de los familiares y hubiera sido bueno que esta condena llegara cuando Lucrecia Barquet estaba con vida”.

“Es muy fuerte, no lo puedo creer”

Para el querellante Martín Avila, la revocatoria de la prisión del comisario Guil “responde a los estándares internacionales, ya que los autores de crímenes aberrantes, como los de Palomitas, deben cumplir sus condenas en la cárcel”.

Elia Fernández, hija de María del Carmen Alonso, manifestó: “Todavía no lo puedo creer; esto es muy fuerte para todos los que perdimos a una madre, como en el caso mío, en esa masacre”. A su juicio, “este es un fallo histórico y una justa reivindicación para quienes desde hace años venimos clamando por justicia”.

A su turno, el querellante David Leiva rindió un homenaje a las once víctimas de la masacre. “Ellos ofrendaron sus vida en defensa de sus ideales”, destacó. Al mismo tiempo resaltó el fallo del juez Bavio al señalar que “al fin un magistrado decidió romper con el manto de impunidad que por años imperó en la Justicia Federal de Salta”. Al referirse a Guil, el letrado sostuvo que “nos satisface que hoy la hiena esté en la jaula, en la cárcel, como debe ser”.

Fuente: El Tribuno

HIJOS SALTA

PARTE DE PRENSA

EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA INPUNIDAD EN SALTA: AHORA SI LE DIERON CARCEL COMUN, PERPETUA Y EFECTIVA A JOAQUIN GUIL

El juez Julio Leonardo Bavio, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Salta, condenó hoy a reclusión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez (ex- jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Menéndez) y a Joaquín Guil (ex-director de inteligencia de la Policía), por la causa conocida como “Palomitas II”.

Se revocó la prisión domiciliaria que cumplía Joaquín Guil, ordenando su detencion para que cumpla en forma efectiva en una cárcel pertenenciente al Servicio Penitenciario Federal .A Juan Carlos Alzugaray (ex-oficial de la Policía Federal), se lo condeno a la pena de 20 años de reclusión.

El 6 de julio de 1976, 11 presos políticos fueron acribillados en el paraje Palomitas, a 50 km de Salta.

El 6 de julio de 1976, 11 presos políticos fueron acribillados a 50 kilómetros de Salta capital. Los internos supuestamente estaban siendo trasladados desde la cárcel de Villa Las Rosas a un penal de Córdoba y fueron fusilados en el paraje Palomitas.

Las víctimas fueron la docente Celia Leonard, que militó en la Juventud Universitaria Católica y luego en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), su esposo Benjamín Avila, que fue seminarista, adoptó la Teología de la Liberación y luego militó también en el PRT; Georgina Droz, docente de la Universidad Nacional de Salta, militante de la JP; Pablo Outes, que fuera diputado provincial por la UCR y luego militó en el PRT, igual que Roberto Oglietti y que la arquitecta María del Carmen Alonso, que integró el equipo de gobierno del intendente Gerardo Bavio. También militaban las otras víctimas: Alberto Simón Savransky, Rodolfo Pedro Usinger, su esposa María Amaru Luque de Usinger, Evangelina Botta y José Povolo. “Las víctimas de Palomitas tenían un compromiso con su país y con su época, y ese fue el motivo de su muerte”, aseguró el abogado. Añadió que no fueron elegidas al azar, sino dentro del plan sistemático de eliminación de la oposición y para infundir el terror.

¡¡¡30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTE AHORA Y SIEMPRE¡¡¡

H.I.J.O.S SALTA

2011-11-29T03:18:00.000-08:00

Por la masacre en el paraje salteño ya fueron condenados tres militares

Etapa definitiva para la causa Palomitas II

Hoy el abogado de las víctimas hará en forma oral su alegato. Juzgan a Juan Carlos Alzugaray, Joaquín Guil y Luciano Menéndez.

martes 29 de noviembre de 2011 Salta Jimena Granados, El Tribuno

SIGUE EL JUICIO JOAQUIN GUIL ES UNO DE LOS ACUSADOS EN LA CAUSA PALOMITAS II.

El 6 de julio de 1976, 11 presos políticos fueron acribillados en el paraje Palomitas, a 50 km de Salta.

Por Palomitas recibieron cadena perpetua Mulhall, Gentil y Espeche en diciembre de 2010.

El segundo juicio por esta masacre está a cargo del juez federal número uno Julio Leonardo Bavio.

Se espera que la investigación por el asesinato de 11 presos políticos en 1976 entre en una etapa definitiva hoy con el inicio de los alegatos. Por la causa, conocida como Palomitas, ya fueron condenados tres militares retirados pero ahora se busca juzgar a otros tres responsables.

A fines de 2010 fueron condenados a cadena perpetua por el caso los coroneles retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche.

En esta nueva etapa de la causa, conocida como Palomitas II, se juzga la participación de quien era por entonces jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Menéndez. También están imputados el exdirector de inteligencia de la Policía Joaquín Guil y el exoficial de la Policía Federal, Juan Carlos Alzugaray. Para hoy a las 9 está previsto el alegato del abogado David Leiva, que representa a las víctimas de la masacre.

La abogada vinculada con las causas de derechos humanos, Tania Kiriaco, informó que los alegatos serán orales, pese a que el proceso se venía realizando por escrito.

El caso está a cargo del juez federal número uno, Julio Leonardo Bavio, y podría implicar una segunda sentencia para Joaquín Guil, recientemente condenado a cadena perpetua por la desaparición del exgobernador Miguel Ragone.

Las víctimas fueron Benjamín Leonardo Avila, Celia Leonard de Avila, Georgina Graciela Droz, María del Carmen Alonso de Fernández, Evangelina Botta de Linares, Roberto Luis Oglietti, Pablo Elíseo Outes, Alberto Simón Savransky, Rodolfo Pedro Usinger, María Amarú Luque de Usinger y José Víctor Povolo.

Tania Kiriaco informó que referentes de derechos humanos de la región pidieron que se aceleren los juicios por los crímenes cometidos en la década del "70 este fin de semana.

Las organizaciones expusieron su preocupación por el tema en una reunión con el titular de la unidad fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos, Jorge Auad, que se realizó el sábado en Tucumán.

La abogada consideró que en los últimos meses hubo condenas por casos emblemáticos como el del exgobernador Ragone y el escribano Melitón Bustos. Sin embargo, destacó que falta mucho para juzgar a los responsables de más de 200 desapariciones que hubo en la provincia.

Fuente: El Tribuno

Investigan las amenazas a funcionarios federales

El juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Renato Rabbi Baldi Cabanillas, confirmó la existencia de una serie de amenazas en contra de jueces y secretarios federales, lo que sorprendió fue que se dieran en un lapso de tiempo y en una jurisdicción en particular. La investigación está a cargo del juez Federal Nº 2, Miguel Medina.

Al respecto señaló que se pudo establecer que existe un conjunto de agresiones, lo que está en conocimiento de las autoridades que tienen a su cargo las investigaciones respectivas. Se determinó una vigilancia a distancia para brindar seguridad a quienes recibieron las amenazas. El juez Federal N° 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio; el juez Federal N° 3 de Orán, Raúl Juan Reynoso; el juez Federal N° 2 de Jujuy, Carlos Olivera Pastor, y los secretarios Penales Eduardo Villalba de Salta y Federico Aníbal Zurueta de Jujuy, fueron el blanco de las agresiones.

En este sentido Rabbi Baldi Cabanillas, recordó que si bien esta situación es parte de la función que cumplen los funcionarios, también periodistas se vieron amenazados, tal como ocurrió con Mirta Seco y su pareja en Orán. Si bien a nivel nacional la información dada a conocer señalaba que las amenazas se registraron en un período de pocos días contra funcionarios del fuero federal, y que no se registran antecedentes en el país, el vocal de la cámara dijo que "este tipo de situaciones siempre se dieron, lo inédito es que se produjeron en el lapso de cuatro meses en una misma jurisdicción, Salta y Jujuy". Por otra parte el funcionario dijo que esto lejos de amedrentar a la Justicia los lleva a continuar su ejercicio de la profesión, dando cuenta que si bien hay un estado de situación, no hay elementos que apunten a una causa en particular. "No hay amenazas con origen en una causa, lo que si ocurrió es que ante una medida adoptada en el tema narcotráfico, llegó la agresión", dijo. Remarcó que siempre hay amenazas, "si se ve los periódicos, siempre existe algún tipo de agresión contra cualquier funcionario público, tal vez lo novedoso es que se dio en esta jurisdicción, en un número significativo". La investigación está a cargo del juez Medina y del fiscal Federal Nº 1 Ricardo Toranzos y bajo la figura del secreto de sumario, y ya se ordenaron actuaciones al respecto. "Como cámara no conocemos nada sobre la investigación pero se puso en relieve la secuencia de hechos, ya que no fueron casos aislados, sino que eran varios, recibiendo en todos los casos, el apoyo que se tuvo desde los organismos que agrupan a magistrados, como de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional", señaló. Las amenazas llegaron a través de llamadas teléfono, sms y otros signos. En el caso de Raúl Reynoso, le pusieron azúcar en el tanque de combustible de su auto; Bavio recibió mensajes telefónicos, Zureta de Jujuy fue golpeado con la advertencia que la próxima sería más fuerte, en el caso de Villalba un desconocido se abalanzó sobre él con un machete en la mano, mientras que Olivera Pastor recibió una caja con un cráneo humano

Fuente: Nuevo Diario de Salta.

2011-11-19T18:12:00.001-08:00

MADRES Y FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS DE JUJUY

Personería Jurídica Nº 4965

PELIGRA LA REALIZACION DE LOS JUICIOS ORALES EN JUJUY.

El pedido de Aplicación del Código Procesal viejo del Defensor Oficial ante el TOF de Jujuy Dr Alberto Oscar Aragone causa inquietud

La Cámara Nacional de Casación Penal hizo lugar a un pedido interpuesto por la defensa del represor Luciano Benjamín Menéndez quien pidió que la causa Álvarez de Surta, Dominga en la cual está imputado por el secuestro, torturas y su posterior desaparición y muerte, sea tramitada a través del ya derogado código de Procedimientos (ley 2372) que no prevé el juicio oral y público.-

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy denuncia la aviesa intención del Defensor Oficial Dr.Alberto Oscar Aragone de evitar la realización de los juicios orales en nuestra provincia y de esta manera favorecer a los represores que no quieren sentarse en el banquillo de los acusados. Hay que mencionar que estos genocidas tienen todas las garantías que el estado de derecho les brinda, garantías que no tuvieron nuestros familiares que fueron secuestrados, torturados y muertos en total clandestinidad, a tal punto que no sabemos actualmente donde están sus restos.

De esta manera Jujuy, a contramarcha de lo que viene sucediendo en el resto del país, en donde se están realizando numerosos juicios orales y públicos, sería la única provincia en la cual se daría esta lamentable excepción-

Creemos que la realización de los juicios orales, forman parte de un largo proceso de reparación de las víctimas, que desde hace más de 35 años esperan respuestas de la Justicia Federal sobre el destino de los desaparecidos durante el Terrorismo de Estado. Con estas medidas se está violando el derecho a la verdad y la justicia que hace tanto tiempo venimos luchando de manera pacífica.-

Impedir que los familiares y víctimas no tengamos la oportunidad de poder concurrir a audiencias públicas, constituye un grave retroceso en la lucha contra la impunidad que nuestro país ha emprendido desde la derogación de las leyes de la impunidad y atenta contra la memoria histórica, ya que las futuras generaciones de jóvenes que no vivieron esa época no podrán conocer quiénes son y que hicieron estas personas durante el terrorismo de estado.-

La sociedad jujeña merece conocer la verdad histórica. LOS JUICIOS TIENEN QUE SER ORALES Y PUBLICOS

VERDAD MEMORIA JUSTICIA

JUICIO ORAL Y PUBLICO ¡¡YA!!

CARCEL COMUN PERPETUA Y EFECTIVA A LOS GENOCIDAS Y SUS COMPLICES

Se solicita adhesiones al documento y difusión.

2011-11-18T03:51:00.001-08:00

PSICOLOGIA SEPARO A UN DOCENTE ACUSADO DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD

La suspensión de un profesor

En el juicio por la desaparición de Miguel Ragone, en Salta, se presentó un expediente que involucra al profesor de la UBA Mario Casalla. La Secretaría de Derechos Humanos lo denunció. El consejo de Psicología decidió suspenderlo.

Casalla fue secretario académico de la Universidad Nacional de Salta entre 1975 y 1976.

Denunciado por su posible participación en delitos de lesa humanidad, el profesor Mario Carlos Casalla fue suspendido de sus cargos en la Facultad de Psicología de la UBA. El próximo lunes la facultad analizará un pedido de juicio académico que debe ser elevado al Consejo Superior de la universidad. La denuncia contra Casalla fue presentada por el delegado en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Avila, quien solicitó a la Justicia indagar a Casalla como presunto “autor mediato de la privación ilegal de la libertad de Miguel Angel Arra”, docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), secuestrado en 1975 y desaparecido desde entonces. “Durante los años ’74 a ’76 procedí a depurar ideológicamente el departamento más conflictivo e infiltrado subversivamente de la universidad (Humanidades), di de baja a docentes directamente ligados a la subversión”, escribió Casalla, según consta en la denuncia, en una nota dirigida al destacamento de Inteligencia 143 del Ejército en octubre de 1978. Consultado por Páginað12, Casalla negó haber participado en la desaparición de Arra.

Licenciado en Filosofía, Mario Casalla se desempeñó como secretario académico de la UNSA entre 1975 y 1976, año en el que las autoridades militares lo cesantearon por considerarlo “marxista”. De acuerdo con un expediente elaborado por la SIDE y ahora presentado por Avila ante la Justicia, Casalla envió en 1978 una carta a autoridades militares salteñas para que se reconsiderara su situación: “Me hiere moralmente esa calificación injusta de ‘presunto subversivo o disociador’ que agravia mi realidad y mis valores más firmes”, consignó Casalla en su descargo. Sobre su actuación en los años previos al golpe de Estado, aseguró: “Mi posición fue entonces de público y notorio enfrentamiento con la subversión universitaria”, siguió.

Las declaraciones de Casalla resurgieron en la causa por la desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de Salta. A este debate se incorporó el informe sobre Casalla producido por la SIDE en mayo del ’80. Este documento es una respuesta al pedido de revisión de la cesantía que, según la querella, elevó Casalla. En él se reproduce la carta en la que el docente habría relatado que durante su gestión en la UNSA “depuraba ideológicamente a la universidad, daba de baja a docentes directamente ligados a la subversión, trabajando estrechamente con los organismos de seguridad de la provincia”. En palabras del querellante Martín Avila: “Casalla ‘marcaba’ y elegía las víctimas que luego eran desaparecidas. Es al menos responsable de la privación ilegal de la libertad sufrida por Miguel Angel Arra”.

Hasta la semana pasada, Casalla se desempeñaba en la Facultad de Psicología como profesor regular a cargo de la cátedra Problemas Filosóficos y como adjunto en Historia de la Psicología. Al conocerse la denuncia, el consejo directivo de la facultad decidió suspender provisoriamente a Casalla de sus cargos. Fue una propuesta de la minoría de graduados, agrupación Psicólogos en Frente, cuya consejera es Ileana Celotto: “Esta es una política incesante de la AGD-UBA en derechos humanos, al punto que es querellante en todas las causas de desaparición de docentes de la universidad”, destacó Celotto, dirigente del gremio.

La resolución que suspendió a Casalla fue aprobada por unanimidad el lunes pasado y, la semana que viene, la Comisión de Interpretación y Reglamento debatirá una nueva iniciativa que busca elevar al Consejo Superior de la UBA el pedido de juicio académico al profesor. Por su lado, AGD-UBA ya presentó un proyecto en el Consejo Superior con la misma solicitud.

“Yo no mandé ninguna carta a los servicios de inteligencia de Salta –sostuvo Casalla ante este diario–. Esa carta no está firmada ni por mí ni por nadie. A mí me echaron de la universidad (en 1976). En cuanto a la causa Arra, a quien no conocí, no era del Departamento de Humanidades (del que Casalla había sido director), sino de Ciencias Naturales, y por la propia estructura de la UNSA no se puede nombrar o cesantear personas de otros departamentos. Además, la desaparición de Arra fue en junio de 1975 y yo aún no era secretario académico, lo fui a partir de octubre.”

–¿Por qué su nombre aparece involucrado en esta causa?

–Hay dos respuestas. En Salta hay una pelea local muy grande entre el gobierno provincial y la gente que ha quedado afuera. Allí no van por mí, pero en lo nacional hay dos personas que trabajan activamente en esto, es una puja por el espacio cultural y universitario.

También en diálogo con Páginað12, el abogado Martín Avila, de la Secretaría de Derechos Humanos, explicó: “Cuando la dictadura te quería echar, eras marxista. Pasabas de ser marcador a ser marcado. Es lógico que Casalla desmienta haber escrito la carta, pero todos los decretos existen, las resoluciones universitarias donde se fueron cesanteando a los docentes que luego desaparecieron están, y no sé qué podrá decir ante esto. Hay que destacar que la UNSA es querellante en las causas de profesores desaparecidos. Sería muy importante, de igual manera, que la UBA tome la misma postura”.

Informe: Agustín Saavedra.

Fuente: Pagina 12

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MARIO CASALLA FUE SUSPENDIDO DE SUS CARGOS

DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

UN TRIUNFO EN LA MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA DE NUESTRA FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

15 DE NOVIEMBRE DE 2011

Psicólogos en Frente, se complace en comunicar a la comunidad universitaria que, el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires ha resuelto votar por unanimidad la suspensión provisoria en sus cargos vigentes, dentro de la Facultad, al Profesor Mario Carlos Casalla, de quién ha trascendido públicamente, a través de diversos medios de difusión, su vinculación con Crímenes de Lesa Humanidad perpetrados en la Provincia de Salta, donde Casalla fue funcionario de la Universidad Nacional de dicha provincia.

Allí Casalla, habría confeccionado una lista de Docentes, que él consideraba ligados a la “subversión” y la habría entregado a organismos del Ejército y el aparato represivo del Estado con los fines de evitar, él, ser cesanteado e inspirar confianza a las autoridades de la Dictadura.

Concretamente hemos tomado conocimiento que existe una denuncia que pesa sobre él realizada por el delegado en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Martín Ávila y radicada en el Juzgado Federal nº1 de la Ciudad de Salta a cargo del Juez Julio Bavio "contra Mario Carlos Casalla como autor mediato de la privación ilegal de la libertad del Prof. Miguel Angel Arra, secuestrado el 24/6/75 y a la fecha desaparecido. Estos datos salen a la luz a raíz del juicio llevado a cabo hace poco tiempo por el crimen y la desaparición del gobernador peronista en Salta Miguel Ragone.

La iniciativa para que la separación de sus cargos en nuestra Casa de Estudios fuera posible, ha sido tomada por nuestra lista en un Proyecto de Resolución que presentamos en la última sesión plenaria de Consejo Directivo realizada el lunes 14 de noviembre.

Nuestra Consejera, Ileana Celotto, exigió, junto a los bloques de mayoría y minoría estudiantil, el tratamiento sobre tablas de dicho proyecto donde, junto a la suspensión de sus cargos, reclamamos el juicio académico y que la UBA conforme parte querellante en los juicios que se inicien contra Mario Casalla, quién reviste una larga trayectoria en esta Facultad como Prof. Adjunto Regular en ambas cátedras de Historia de la Psicología y a principios de 2011 se le otorgó el cargo de Profesor Adjunto a cargo de la Asignatura Problemas Filosóficos en Psicología, ambas asignaturas de la Licenciatura en Psicología.

Por otra parte, Mario Casalla fue protagonista como jurado de uno de los concursos más escandalosos de nuestra Facultad, en la asignatura Problemas Antropológicos, donde debió renunciar a dicho cargo, sospechado de parcialidad en el mismo.

Durante la sesión plenaria, algunos consejeros de la Mayoría de Profesores propusieron el inmediato pase a comisión de Interpretación y Reglamento de nuestro proyecto argumentando que, pese a la consternación que decían sentir por la gravedad del tema, del cual ya estaban interiorizados, aún faltaba reunir más información sobre el caso.

La Decana y la Vice- decana por distintos motivos no pudieron estar presentes en esta sesión. Por nuestra parte, y junto a los bloques estudiantiles, exigimos que Casalla no podía continuar más en funciones debido al peso que revisten los hechos denunciados y que los mismo, de comprobarse, violan claramente el Estatuto Universitario que plantea la integridad moral y la rectitud cívica como condición fundamental para los Profesores de la UBA.

Acto seguido se procedió a la votación en forma unánime de todos los bloques y se decidió que el resto de los puntos de nuestro proyecto pase a comisión de interpretación y reglamento, que debe reunirse el lunes próximo.

Allí exigiremos la aprobación de nuestros puntos restantes del proyecto: Juicio académico, Cesantía de sus cargos sin goce haberes y que la UBA tome parte querellante en los juicios.

También pediremos una sesión extraordinaria del Consejo Directivo a los fines de expedirse rápidamente al Consejo Superior de la UBA y que tome cartas en el asunto.

El gremio Docente, la AGD-UBA, diversas agrupaciones estudiantiles, así como organismos de Derechos Humanos y varias personas ligadas al ámbito universitario acompañan esta iniciativa.

Mario Casalla fue director gerente del Diario el Tribuno, en Salta, y bajo el seudónimo de Hernán Solifrano, en el año 1977.

Algunas de sus declaraciones pasadas que han salido a la luz, sencillamente dan cuenta con quién estuvimos conviviendo hace poco en los pasillos de nuestra Facultad:

“Me dirijo al señor jefe del Destacamento de Inteligencia 143 de Salta, interesándolo por estos hechos. Más que una carrera universitaria de quince años frustrada, lo que me hiere moralmente es esa calificación injusta de ‘presunto subversivo o disociador’ que agravia mi realidad y mis valores más firmes. Tal cual manifestara desde los comienzos de este caso (…), no solo no soy subversivo o disociador, sino que he luchado abiertamente contra esa forma apátrida de agresión a nuestro suelo y sus instituciones, con todas las medidas y fuerzas a mi alcance (tanto como docente, o como autoridad de la UNSa)”. Sostuvo el Doctor en Filosofía en el pedido de “revisión de informes disponibles sobre mi persona y una correcta caracterización de mi caso”.

El golpe del 24 de marzo de 1976 encontró a Casalla en el cargo de secretario académico, en el que había asumido en septiembre de 1975. Antes, desde diciembre de 1974, había sido director del Departamento de Humanidades. Había llegado al gobierno universitario de la mano del interventor Villada, dispuesta en diciembre de 1974 (mes siguiente a la intervención al gobierno de Ragone) “por las graves irregularidades de todo tipo detectadas durante el gobierno del doctor Holver Martínez Borelli”, perseguido político que estuvo exiliado.

Informó también que cuando estuvo en el gobierno universitario, entre 1974 y 1976, procedió a “depurar ideológicamente el departamento más conflictivo e infiltrado subversivamente de la Universidad (Humanidades), dí de baja docentes directamente ligados a la subversión (…), revisé y promulgué nuevos planes de estudios dejando de lado los anteriores contenidos marxistas y enfrenté ante la opinión pública del momento las consecuencias de todas estas medidas. De todo ello tienen constancia los organismos de seguridad de la provincia y muy especialmente la Policía Federal (Delegación Salta) entonces comandada por el comisario (Federico) Livi y con el principal Faber al frente de Inteligencia subversiva”:

Dijo que trabajó “estrechamente con todos esos organismos procediéndose a una prolija revisión de antecedentes antes de cualquier baja o alta de personal.

Lo mismo puede decirse de la Policía Provincial, de Gendarmería, y de la Guarnición Militar Salta.”

Frente a esta situación, Psicólogos en Frente será parte de un proceso de lucha incansable por la Memoria, la Verdad y la Justicia y para que aquellos nefastos personajes vinculados al genocidio que azotó nuestro país con la última Dictadura Cívico-Militar sean juzgados y condenados en cárcel común, como paso indispensable hacia la construcción de una verdadera Democracia donde el pueblo argentino exprese la realización de sus más legítimas aspiraciones.

Por los 30 000 desaparecidos

Por los compañeros Docentes y Estudiantes desaparecidos de Psicología

Por la memoria, la Verdad y La Justicia

Por el crimen y castigo a los genocidas de ayer y de hoy

PEF - Psicólogos En Frente

2011-10-12T14:59:00.000-07:00

Carlos Alberto Mullhall, Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil fueron condenados a cadena perpetua por el crimen del ex gobernador Miguel Ragone. Así lo hizo saber el fallo que se leyó hoy después del mediodía en la sala de grandes juicios de la Ciudad Judicial

La lectura del fallo comenzó con la condena de 2 años de prisión condicional y costas a Pedro Javier Herrera y a su hermano Nelson Rubén Herrera (ex suboficiales de la Policía), por ser autor penalmente responsable de la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Acto seguido se absolvió por el feneficio de la duda a Andrés del Valle Soraire ordenando su inmediata liberación. Lo mismo pasó con Jorge Héctor Zanetto, a quien se le levantaron todas las restrictiones cautelares impuestas hasta la fecha.

Luego se condenó al exjefe de la Guarnición Ejército Salta Carlos Alberto Mulhall, al exjefe de la Policía de la Provincia Miguel Raúl Gentil y al exdirector de Seguridad Joaquín Guil a cadena perpetua, rechazando todas las acciones de prescripciones que realizaron. Se condenó a los tres imputados y solidariamente al estado nacional y a la provincia de Salta al pago de la suma de 50.000 pesos por el daño psicofísico; 15.000 por gastos médicos; y 100.000 por daño moral, además que quitarle rango militar a los imputados.

Causó sorpresa que el exjefe de la Guardia del Monte de la Policía local Andrés del Valle Soraire sea absuelto cuando también se le había pedido prisión perpetua. Lo mismo pasó con el exdirigente de la Unión Obrera Metalúrgica Jorge Zanetto por quien se había solicitado 10 años de cárcel efectiva y terminó siendo absuelto.

Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 7 de diciembre a las 10.

Los camaristas que firmaron el fallo fueron: Marta Liliana Snopek (Jujuy), Carlos Jiménez Montilla (Tucumán) y Luis Giménez (Tierra del Fuego), más el aporte del juez suplente José Quiroga Uriburu (La Rioja).

Luego de analizar casi cien testimonios y numerosa documentación, el Tribunal deberá resolver los pedidos de condenas y absoluciones que hicieron las partes en sus alegatos. El fiscal Horacio Azzolín, junto a los querellantes David Leiva, Matías Duarte, Martín Avila y la actora civil Verónica Molina, solicitaron condenas a perpetua para el exjefe de la Guarnición Ejército Salta Carlos Alberto Mulhall, para exjefe de la Policía de la Provincia Miguel Raúl Gentil, para el exdirector de Seguridad Joaquín Guil y para el exjefe de la Guardia del Monte de la Policía local Andrés del Valle Soraire. También pidieron 10 años de prisión para el exdirigente de la Unión Obrera Metalúrgica Jorge Zanetto y dos años para los suboficiales de la Policía Pedro Javier Herrera y Nelson Rubén Herrera.

De acuerdo con el procesamiento dictado por la instrucción y el planteo de los acusadores, los nombrados están imputados de delitos de lesa humanidad. Como cabezas visibles del magnicidio de Ragone, el fiscal y las querellas sindicaron a Mulhall, Gentil y Guil, a quienes consideran “autores mediatos”, por ser las personas que tenían a su cargo, en esa época, el manejo de las estructuras del Ejército y de la Policía. A los siete acusados no solo los responsabilizan por la desaparición del exgobernador, sino por el asesinato del almacenero Santiago Catalino Arredes y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal. El primero recibió un balazo en el pecho, cuando aparentemente reconoció a alguno de los captores y trató de evitar el secuestro de Ragone. En tanto que Leal recibió un disparo de ametralladora en el momento que observaba a dos personas cuando sacaban al exgobernador de su vehículo, posiblemente herido de muerte. Federico Petrina, defensor de los principales imputados, descartó que Ragone, Arredes y Leal hayan sido víctimas de delitos de lesa humanidad por considerar que los hechos ocurrieron cuando aún estaba en vigencia el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. Por ese motivo solicitó que sean absueltos, y lo propio hicieron Marcelo Arancibia y Roque López Homes, defensores de los Herrera. Sin embargo, los acusadores argumentaron que el terrorismo de Estado había comenzado en el país un año antes del golpe del 24 de marzo de 1976.

fuente El Tribuno de Salta

2011-10-08T14:34:00.000-07:00

todos a Ciudad judicial

martes 11 de octubre 2011

Ponete la camiseta!

La Agrupacion H.I.J.O.S Salta, la Red de DDHH, Familiares de Salta y los Organismos de DDHH convocan a toda la Comunidad Salteña y Organismos de DDHH del Pais a concentrarse para exigir justicia en la Sentencia por el secuestro y desaparicion del Ex gobernador Salteño Dr. Miguel Ragone. La cita es para el dia martes 11 de ocubre a las 9 hs en la Ciudad Judicial de Salta.

· EXIGIMOS CADENA PERPETUA PARA LOS GENOCIDAS Y CARCEL COMUN Y EFECTIVA PARA ELLOS Y SUS COMPLICES.

· EXIGIMOS QUE DIGAN DONDE ESTA EL CUERPO DE NUESTRO COMPAÑERO Y GOBERNADOR DR. MIGUEL RAGONE, PORQUE SIN EL CUERPO EL CRIMEN SEGUIRA IMPUNE.

· EXIGIMOS JUSTICIA PARA LOS 240 COMPAÑEROS SALTEÑOS DETENIDOS DESAPARECIDOS

POR LA VERDAD, LA JUSTICIA, CONTRA EL OLVIDO Y EL SILENCIO, 30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTES AHORA Y SIEMPRE¡¡¡

2011-10-08T14:18:00.000-07:00

EL PAIS › CADENA PERPETUA PARA LOS ASESINOS DE PACO URONDO:

JUSTICIA POETICA

Por Diego Martínez

| | En el primer juicio por los crímenes de la dictadura en Mendoza, fueron condenados cuatro policías y un militar por delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas. Entre ellas, el reconocido poeta y periodista.

CINCO CONDENAS Y UNA ABSOLUCION EN EL PRIMER JUICIO POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE MENDOZA

Cárcel común para los asesinos de Paco Urondo

Cuatro ex policías del D2 fueron condenados a cadena perpetua, un militar recibió doce años y otro fue absuelto. Se juzgaron delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas, entre ellas el poeta y periodista Francisco Urondo.

Por Diego Martínez

Después del fallo de ayer, el número de represores condenados por crímenes durante la dictadura asciende a 240.

Imagen: Télam.

Frente a un centenar de personas de pie, en silencio, unos con puños apretados, otros con fotos de sus seres queridos en alto, amuchados detrás del blindex que los separaba de los victimarios, el juez Juan Antonio González Macías leyó ayer el veredicto del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Mendoza: prisión perpetua en cárcel común para cuatro ex miembros del D2 de la policía provincial, doce años de prisión para un militar (imputado en un solo caso) y absolución para un ex oficial de Inteligencia. “Son asesinos, torturadores, violadores y ladrones”, resumió Silvia Ontiveros, sobreviviente que supo conmover a la sala cuando relató su cautiverio. “Pero tuvieron un juicio justo”, completó ante un periodista local. Con las sentencias de ayer, más la del coronel Alejandro Duret, expulsado de Chile luego de tres días de vacaciones, el número de represores condenados por crímenes durante la dictadura asciende a 240, precisó la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación.

El proceso que condujo durante once meses el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza, en el que declararon más de doscientos testigos, fue el segundo de la provincia y el tercero en Cuyo. Arrancó el 17 de noviembre de 2010 con diez acusados, aunque sólo seis llegaron al final. La pena máxima recayó sobre el ex comisario inspector Juan Agustín Oyarzábal, el ex oficial inspector Eduardo Smahá Borzuk, el ex subcomisario Alberto Rodríguez Vázquez y el ex sargento Celustiano Lucero. El ex teniente Dardo Migno recibió doce años de cárcel, en tanto fue absuelto el entonces teniente coronel Paulino Furió. Durante el juicio quedaron fuera de juego, aunque no de la historia, el fallecido general Juan Pablo Saá, el general Mario Lépori, el coronel Tamer Yapur y el ex oficial del D2 Armando Osvaldo Fernández. Los últimos tres fueron sobreseídos gracias a sus problemas de salud.

Las condenas fueron por delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas. El caso más conocido es el del poeta, periodista y militante montonero Francisco Urondo, asesinado el 17 de junio de 1976 en una cita envenenada que terminó con el secuestro de su esposa Alicia Raboy y de su hija Angela, operativo del que René Ahuali logró huir pese a las heridas. También se condenó por las desapariciones de Salvador Moyano, Jorge del Carmen Fonseca, Ricardo Sánchez, Nora Jurado, Rafael Olivera y Aníbal Torres, y por el cautiverio del escritor y dirigente Angel Bustelo.

Un día histórico

Más de 250 personas se concentraron a primera hora frente al tribunal mendocino. Un centenar pudo seguir la sentencia en directo, el resto mediante una pantalla. Alrededor de las 11, la sala se puso de pie para recibir a los magistrados. Detrás de González Macías ingresaron Alejandro Piña y Raúl Rodríguez, que sustituyó a Héctor Cortez, en reposo con tendinitis. “Antes de dar lectura al fallo, quiero reconocer a las partes el alto profesionalismo, el respeto entre ustedes y para con el tribunal. Además reconocer al público el respeto durante las audiencias”, arrancó el presidente. En la sala había sólo tres imputados: Furió, Smahá y Lucero.

El silencio contenido durante la lectura estalló luego en llantos y abrazos. “¡30 mil compañeros desaparecidos!”, “¡Presentes!”, se recordó a las víctimas. “Justicia es esto: condenar con pruebas como se condenó”, celebró Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. “Es muy importante que Mendoza haya dejado de ser la provincia más atrasada para ser la única que tiene un proceso contra jueces”, reflexionó ante El Sol online. “Este acto nos permite seguir adelante pero con la paz de saber que no estamos conviviendo con los genocidas en la calle”, reflexionó Angela Urondo, hija de Paco. “Hoy están viejos, lloran y se enferman, pero la gente debe saber que son asesinos y que haber creado la desaparición forzosa, sin saber dónde estaban nuestros seres queridos, fue aberrante”, explicó María de Domínguez, de Madres de Plaza de Mayo.

“Las cosas van quedando en su lugar y quienes cometieron los peores crímenes están donde tienen que estar”, reflexionó Alfredo Guevara, querellante e hijo del abogado homónimo que impulsó las causas en los ’80. “Es un día contradictorio: por un lado estoy contenta, pero sentir que Rafael y Nora no están es un dolor inmenso. Yo los extraño como todo el país extraña a los que hoy no están con nosotros”, lamentó Monserrat Olivera, hermana de Rafael.

Quién es quién

- Juan Agustín Oyarzábal, ex segundo jefe del D2, organizó el operativo que terminó con el asesinato de Urondo. Oyarzábal, que ya en 1975 ofreció su Ford Falcon para hacer procedimientos clandestinos, fue distinguido según su legajo por “desbaratar bandas de delincuentes subversivos”.

- Eduardo Smahá Borzuk, alias “Ruso”, encabezaba el sector de operaciones del D2 junto con Oyarzábal y Lucero. Fue reconocido por la testigo René Ahualli entre quienes mataron a Urondo. Oyarzábal y Smahá eran quienes conducían los interrogatorios junto con Armando Fernández, alias “Piqui”.

- Luis Alberto Rodríguez Vázquez, alias “Pájaro Loco”, era el responsable de Inteligencia del D2, que se ocupaba de estudiar a los futuros blancos del grupo de tareas. Rodríguez Vázquez admitió en 1987 que se encargaba de “la sección investigación de la información”, donde se procesaban los datos que obtenían quienes se infiltraban en distintas organizaciones. Su tarea no fue sólo de escritorio. La sobreviviente Ahualli lo reconoció como quien manejaba el auto que persiguió y alcanzó a Urondo.

- Celustiano Lucero, alias “Mono”, cabo primero a mediados de los ’70, fue quien mató a Urondo al golpearlo detrás de la cabeza con su arma reglamentaria, dato que él mismo confesó mientras intentaba defenderse. Un sobreviviente del D2 lo reconoció entre sus torturadores.

- El teniente Dardo Migno, condenado a doce años de prisión, era jefe de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 y estaba imputado por un solo caso de secuestro seguido de torturas.

- El entonces teniente coronel Paulino Furió, jefe de la División Inteligencia del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VIII, estaba imputado por la desaparición de Jorge del Carmen Fonseca. Su absolución sería por la falta de certezas sobre dónde ocurrió el secuestro. De todas formas, Furió seguirá con prisión preventiva por otros delitos.

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EL POETA QUE NO SEPARO SUS POESIAS DE LA VIDA

LA PALABRA JUSTA

Por Luis Bruschtein

“Del otro lado de la reja está la realidad, de/ este lado de la reja también está/ la realidad; la única irreal es la reja...” Así dice uno de los últimos poemas de Francisco Urondo, o Paco para sus amigos, cuyos asesinos fueron condenados ayer en Mendoza. En Wikipedia hay una biografía sucinta, una foto de Paco de medio perfil en la que, por algún misterio sus ojos han perdido la picardía de esas salidas picantes que siempre tenía. Dice: “Santa Fe, 10 de enero de 1930-Mendoza, 17 de junio de 1976, escritor, periodista, guerrillero y militante político nacido en Argentina”. Un texto, que también por algún misterio ha perdido esa inquietud vital, la geometría de sus movimientos y hasta la calidez que siempre tenía cuando se relacionaba con otras personas o cuando hacía su vida y decidía cosas y las comentaba generosamente con gran capacidad para hacerse querer.

Habla de sus parejas, Graciela “Chela” Murúa, con la que tuvo dos hijos, Claudia y Javier; de Zulema Katz; de Lilí Mazaferro, y, ya en la dictadura, de Alicia Raboy, con quien tuvo a su hija Angela. No dice que con Lilí Mazaferro eran compañeros de militancia en las FAR, una organización guerrillera que luego se fusionó con Montoneros, y que Alicia Raboy estaba junto a él en Mendoza cuando interceptaron el auto donde se trasladaban y le pegaron dos tiros en la cabeza. Da cuenta de sus numerosos libros, de su trabajo como guionista de cine y televisión. Pero, quizá porque no es tan importante, no hay un relato por ejemplo de cuando recitaba sus poesías y Juan Gelman las suyas, los dos poetas codo a codo, en aquella época no tan conocidos, en algún bar de Buenos Aires, presumiblemente de la calle Corrientes. Algún bar lleno de humo de cigarrillos y de jóvenes que escuchaban a los poetas deletrear palabras entre sus amores y las revoluciones, historias de personas comunes y no tanto, en esos bares de bohemia y poesía.

Primero fue titiritero con Fernando Birri y su primera mujer en el grupo El Retablo de Bartolo. Pero más que nada era poeta y se dedicó a la poesía: en los ’50 estuvo en el Movimiento Poesía Buenos Aires y en los ’60 en Zona de Poesía Americana. Aparte de cinco obras de teatro, una novela, dos libros de cuentos, escribe poesía prolíficamente (dejó ocho libros) y lo dice: “Empuñé un arma porque busco la palabra justa”, o como lo dice en otro poema: “Mi confianza se apoya en el profundo desprecio/ por este mundo desgraciado/ Le daré la vida/ para que nada siga como está”.

En esa confluencia de la palabra con la vida, Paco Urondo se incorporó a las FAR, siguiendo de alguna manera los pasos de su hija Claudia. En el final tumultuoso de la dictadura de Lanusse cayó preso y le tocó compartir la misma celda, la noche previa a la liberación del 24 de marzo de 1973, con los tres sobrevivientes de los fusilamientos de Trelew: Alberto Camps, Ricardo Haydar y María Antonia Berger. El militante, el periodista y el poeta que era se unieron esa noche y de allí salió el libro La patria fusilada.

Paco participó en los proyectos de prensa de Montoneros, pero en 1976 fue enviado a Mendoza. Su amigo Rodolfo Walsh comentó luego su muerte: “El traslado de Paco a Mendoza fue un error. Cuyo era una sangría permanente desde 1975, nunca se la pudo mantener en pie. El Paco duró pocas semanas... Fue temiendo lo que sucedió. Hubo un encuentro con un vehículo enemigo, una persecución de los dos coches a la par...” Tras esa larga persecución y tiroteo, una de sus acompañantes pudo escapar, su esposa Alicia fue secuestrada y desaparecida y a él le dieron dos tiros en la cabeza.

Fuente: Pagina 12

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publicado por NU

Mariú Carreras y Pablo Seidel en las puertas de Tribunales Federales.

publicado por NU

Víctimas de la represión esperaron el fallo contra sus represores.

En la puerta de Tribunales Federal.

En la puerta de Tribunales Federal, gran expectación.

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El Juicio: repasá todo lo que dejó el histórico enjuiciamiento a represores mendocinos

Pachy Reynoso / MDZ

Lucero, Furió, Yapur, Smaha y Saá (fallecido), en el primer día.

Desde el 17 de noviembre de 2010, un centenar de testigos relataron lo acontecido en Mendoza durante la etapa más oscura del país. De sus testimonios surgieron nuevas evidencias para acusar a ex policías y actuales magistrados. Mirá lo más importante que dejó el juicio que finaliza hoy.

Hoy, 384 días después del inicio del histórico juicio, el Tribunal Federal leerá la sentencia contra seis ex policías y militares acusados por crímenes de lesa humanidad. La resolución se dará a conocer a las 11, momento en que se sabrá si los jueces dieron lugar al pedido de la Fiscalía: perpetua para cinco imputados y 12 años para un ex teniente.

Por su parte, el martes, la defensa hizo hincapié en los supuestos problemas de salud que afectarían a los imputados y pidió la pena mínima por participación secundaria y que purguen eventuales condenas en sus domicilios. A su vez, la abogada Andrea Duranti solicitó la absolución para el ex jefe de Inteligencia del Ejército en Mendoza Paulino Furió (78), por el "beneficio de la duda".

A lo largo del juicio, distintos acontecimientos y resoluciones modificaron sustancialmente el escenario que se observó durante las primeras jornadas. Un encausado muerto, menos acusados en el banquillo, un abogado defensor fallecido en extrañas circunstancias, represores inimputables, caída de varias causas y reveladores datos que surgieron de los más de 200 testigos.

Los acusados: sólo tres estarían en el banquillo

El 17 de noviembre de 2010, la mayoría de los diez ex militares y policías estuvieron sentados en el banquillo de los acusados. Hoy, después de un año de debate, sólo tres escucharán in situ la sentencia del Tribunal: el comisario retirado Eduardo Smaha (69), el policía Celustiano Lucero (70) y Furió, para quien la defensa pidió la absolución.

Smaha y el fallecido Saá, en el inicio del juicio.

Del resto, el ex general Juan Pablo Saá falleció durante el transcurso del juicio y tres acusados fueron separados del proceso judicial por cuestiones de salud: el comisario retirado Armando Fernández Miranda, el ex general Mario Lépori y el coronel retirado Tamer Yapur, que a los 88 fue declarado inimputable por "alteraciones morbosas de sus facultades mentales con síndrome demencial".

Otros tres continúan imputados, pero a diferencia de Smaha, Lucero y Furió, no estarían en la sala de debates por problemas de salud. Se trata del ex teniente Dardo Migno (59), el único por el que la Fiscalía no pidió perpetua, el ex policía Luis Alberto Rodríguez Vázquez (71) y el comisario general retirado Juan Agustín Oyarzábal (75). Estos tres imputados siguen el juicio con prisión domiciliaria.

Las causas: ocho causas al final del juicio

De las 17 causas que comenzaron a investigarse el año pasado, sólo ocho "sobrevivieron" al desarrollo del proceso judicial, ya que nueve se "cayeron" cuando se declaró inimputable a Fernández Miranda, Lépori y Yapur. Este último, ex gobernador de facto de la provincia, estaba involucrado en la mayoría de las 17 causas iniciales.

Ahualli, durante la reconstrucción del asesinato.

Entre las ocho causas que fueron juzgadas y cuyas sentencias se conocerán hoy se encuentra el asesinato de Francisco Paco Urondo y la desaparición de su esposa, Alicia Raboy (el Tribunal reconstruyó el fusilamiento del poeta con la compañía de la testigo Renée La Turca Ahualli), y el cautiverio del escritor y político mendocino Ángel Bustelo.

Al comienzo del proceso, eran 32 las víctimas que iban a recibir justicia. Ahora, con la caída de la mayoría de las causas, solamente se sabrá qué ocurrió con nueve. Además de Urondo, Raboy y Bustelo, se encuentran Salvador Moyano, Jorge del Carmen Fonseca, Ricardo Sánchez, Nora Jurado, Rafael Olivera y Aníbal Torres.

Mientras tanto, quedarán pendiente las responsabilidades en 23 casos: Lidia De Marinis, Juan Gutiérrez, María Alvarado, los hermanos Hugo y Julio Talquenca, Héctor Brizuela, Antonio García, María Inés Correa Llano, Carlos Jackowezyc, Gerónimo Morgante, María Leonor Mercuri, Juan Domingo Britos, Antonio Molina, Raquel Moretti, Aldo Cassadidio, Arturo Rodríguez, José Alcaraz, Adriana Campos de Alcaraz, Martín Alcaraz, María Silvia Campos, Humberto Bravo, Marcelo Carrera y Adriana Bonoldi de Carrera.

Testimonios de alto impacto

El 2 de diciembre, Sara Gutiérrez, cuyo hermano Juan permanece desaparecido, relató una experiencia que sorprendió a los presentes en la sala de debate. "Las madres de los desaparecidos pudieron hablar con el arzobispo (monseñor Olimpo Santiago) Maresma. Sorpresivamente, éste les sugirió que no gastaran pólvora en chimangos", relató la testigo.

Sara Gutierrez habló de una dictadura "cívico-eclesiástico-militar".

Un mes después, el 11 de enero, Eugenio París recordó que durante su estadía en la facultad, allegados le dijeron que tuviera cuidado con los integrantes de La Guardia de Hierro y de la Concertación Nacional Universitaria (CNU), y relató que en aquellos años se mencionaba que José Luis Manzano y Guillermo Amstutz integraban estas organizaciones que "vendían" a estudiantes. Amstutz lo negó tajantemente.

Por su parte, el recordado David Blanco (falleció el 12 de febrero de un paro cardíaco en su casa de Las Heras) conmovió a todos con su declaración, el 16 de diciembre. El Negro juntó coraje para relatar los tormentos a los que fue sometido en el D2, entre ellos, las violaciones que, según se supo a lo largo del juicio, eran extensivas a varios compañeros de cautiverio.

La complicidad de la Justicia y la imputación de Carlos Rico

Entre los testimonios que complican la situación procesal de Otilio Romano, "refugiado" en Chile, se encuentra el de Luz Faingold, secuestrada en 1975. La testigo relató durante el juicio que, después de ser torturada y violada en el D2, el por entonces fiscal federal Romano la visitó en su cautiverio y no atendió su denuncia.

Rulé reconoció su celda en el D2 y recordó a Rico.

A su vez, Faingold, que por aquel entonces tenía 17 años, contó que posteriormente fue entrevistada por el juez Luis Miret, destituido recientemente por el Consejo de la Magistratura. De acuerdo con su relato, el ex magistrado le negó la libertad a pesar de ser menor de edad. "Me retó y gritoneó durante media hora antes de dejarme salir", agregó.

Otra revelación tiene que ver con el testimonio de Ramón Ábalo, quien sugirió que el actual integrante de la Segunda Cámara del Crimen Roberto Arlington Uliarte habría sido cómplice de la dictadura. Además, en un pasaje de uno de los libros que escribió se lee: "Otro caso es el de Roberto Uliarte, juez de la dictadura", a quien también acusó de ser "empleado" de los Vila.

Por otra parte, antes de que el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos solicitara la imputación de Carlos Rico (la Cámara Federal lo imputó por asociación ilícita destinada a cometer crímenes contra la humanidad), testigos situaron al ex subsecretario de Seguridad de Celso Jaque dentro del D2; entre ellos, Fernando Rulé (quien además dijo que Rico era uno de los violadores) y Alicia Morales.

La muerte del abogado defensor

Apenas unas semanas después de asumir la defensa de Rodríguez Vásquez, el abogado Alejandro Herrero falleció en una comisaría de Godoy Cruz y hasta hoy su muerte continúa siendo un misterio. Según las versiones policiales de aquel entonces, el hombre de 39 años fue detenido porque habría ingresado a un comercio de calle Belgrano "muy exaltado".

Por la trágica noticia, el Tribunal integrado por Juan Antonio González Macías, Héctor Cortez y Alejandro Piña suspendió la sesión que estaba prevista para el día posterior. A partir de ese momento, la fiscal Claudia Ríos tomó la investigación del caso y solicitó los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar donde Herrero fue apresado. Pero, por el momento, su muerte en la comisaría no ha sido esclarecida.

Los números del juicio

Causas: 17 (se redujeron a 8)

Víctimas: 32 (se redujeron a 9)

Acusados: 6 (Eduardo Smaha, Celustiano Lucero, Paulino Furió, Dardo Migno, Luis Alberto Rodríguez Vázquez y Juan Agustín Oyarzábal).

Declarados innimputables: 3 (Armando Fernández Miranda, Mario Lépori y Tamer Yapur).Fallecido durante el juicio: 1 (Juan Pablo Saá).

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El Juicio: el fiscal apunta al rol de la Fuerza Aérea

Fiscal Dante Vega.

Dante Vega es el fiscal del histórico juicio contra seis ex policías y militares acusados por crímenes de lesa humanidad que hoy tendrán sus sentencias. En una entrevista para MDZ Radio, señaló que "sigue siendo oscuro el rol de la Fuerza Aérea". Escuchá el audio.

A horas de conocer la sentencia final para seis ex policías y militares acusados por crímenes de lesa humanidad, Dante Vega, el fiscal de la causa charló con MDZ Radio y dijo que "hubo mucha veracidad en los testigos, conocimos detalles, el terror del D2, cómo comandaba el Ejército pero el capítulo más oscuro es el rol de la Fuerza Área, que lo vamos a esclarecer".

Desde el 17 de noviembre de 2010, Vega es el fiscal de la causa por los crímenes de lesa humanidad y señaló que lo más importante a nivel histórico sería conocer realmente donde están enterrados las víctimas. "Yo intuyo que Eduardo Smaha sabe donde están enterrados pero nunca habló".

También Vega hizo hincapié en el rol de la Iglesia durante la dictadura militar y dijo que fue "significativo" ya que hasta en el día de hoy "la Iglesia sigue sermoneando a los políticos".

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Tras la sentencia, debate y reflexión sobre juicios por delitos de lesa humanidad en Mendoza

La Universidad Nacional de Cuyo junto a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Observatorio de Derechos Humanos de Mendoza organizaron en conjunto una jornada para reflexionar y discutir el proceso judicial vinculado a las causas de Lesa Humanidad que se desarrolló en nuestra Provincia. El encuentro se realizará el viernes 7 de octubre a las 9 en Biblioteca Pública General San Martin, ubicada en Remedios Escalada de San Martín 1843, Ciudad.

La jornada se organizó para pensar y reflexionar sobre los “Procesos de Memoria, Verdad y Justicia: Primer Juicio de Lesa Humanidad en Mendoza”, especialmente en ocasión de que el jueves 6 de octubre se concretará la lectura de la sentencia en la Sala de Debate del Tribunal Oral Federan N° 1. En el acto de apertura estarán presentes Arturo Somoza, rector de la UNCuyo, Marcelo Duhalde de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Belén Álvarez, secretaria de Bienestar Universitario.

Las exposiciones de la mesa encargada de debatir la temática comenzarán alrededor de las 10.15. Entre los ponentes se encuentran Pablo Barbutto, coordinador del Área Jurídica Nacional - Equipo de abogados querellantes del país, de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Dante Vega, fiscal general, representante del Ministerio Público en el juicio; Viviana Beigel y Pablo Salinas, abogados querellantes del MEDH; Pablo Garciarena, abogado querellante de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Mariú Carreras, de los Organismos de Derechos Humanos; Marcelo Stern del Observatorio DDHH; Ángela Urondo, víctima y familiar y Gustavo Arenas, diputado Provincial.

Las temáticas de la jornadas incluirán exposiciones de aproximadamente 15 minutos sobre: Juicios de Lesa Humanidad como política de Estado en el marco del Proceso de Memoria, Verdad y Justicia; Relevancia de la sentencia y situación de las causas en trámite; Sentencia: complicidad civil: Justicia Federal; Estructura de inteligencia del aparato represivo en Mendoza; Ataques sexuales como tortura especifica por la condición de género; Centros clandestinos de detención en Mendoza; Paco Urondo: montoneros en Mendoza.

Fuente: http://www.mdzol.com, jueves

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De: laura roda <tengomeil@hotmail.com>

Fecha: 5 de octubre de 2011 12:24

Asunto: CONFERENCIA

Para: agenciadenoticiasdh@gmail.com

Muchas gracias por mantenernos siempre informados acerca de lo que ocurre en otros provincias y paises de latinoamerica!!

En esta oportunidad, deseando colaborar a tu tarea, compartimos una actividad que estamos organizando en Catamarca.

Abrazos!

Laura

El Equipo de Voluntariado Universitario: “Memorias In-sur-gentes en Catamarca”

tiene el agrado de invitar a Ud. a la conferencia:

ALGUNAS CLAVES METODOLÓGICAS PARA REFLEXIONAR

ACERCA DE NUESTRO “PASADO”:

¿Desde qué concepción de sujeto pensamos hoy la transmisión

de las memorias histórico-políticas?

Lic. Silvia C. Bianchi. Prof. Titular Universidad Nacional de Rosario

La misma se realizará el día 7 de octubre de 2011, a las 18:00hs. en el Salón Amarillo

de la Universidad Nacional de Catamarca (Av. Belgrano 300).

Esperamos contar con su presencia.

Organiza: Proyecto de Voluntariado Universitario: "Memorias in-sur-gentes en Catamarca".

Invitan: Escuela de Arqueología - U.N.Ca.

"Ashpahuasi" Centro de Estudiantes de la Escuela de Arqueología - U.N.Ca.

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La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007

2011-10-04T18:29:00.001-07:00

Discusiones técnicas y chicanas en la

anteúltima audiencia por Ragone

Los abogados de la acusación y los defensores se cruzaron ayer durante la anteúltima audiencia del juicio por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone. Hubo discusiones técnicas y políticas, y hasta alguna chicana que elevó los ánimos. El público también participó, repartido entre los familiares de las víctimas y militantes de organizaciones de derechos humanos y los parientes de los acusados. El fallo se conocerá el 11 de este mes.

El fiscal federal Horacio Azzolín abrió el fuego con una larga réplica a los alegatos de los abogados defensores: Marcelo Arancibia y Roque López Homes, por los hermanos Pedro y Rubén Herrera, y los defensores oficiales Federico Petrina y Pablo Louthier, por los militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil, los policías Joaquín Guil y Andrés Soraire y el civil Jorge Héctor Zanetto.

Respecto de los alegatos de Arancibia y López Homes, el fiscal insistió en que los hermanos Herrera, que el día del secuestro, el 11 de marzo de 1976, estaban de guardia en la casa de Gentil, a poco más de cien metros del lugar del hecho, tenían que haber visto el hecho, y que debieron haber intervenido. También reiteró que debieron haber escuchado los disparos, como dan cuenta la mayoría de los testigos presenciales. Y criticó a los defensores por introducir en sus alegatos cuestiones que no están contenidas en el expediente, como la afirmación de que los policías estaban desarmados (lo que el fiscal negó) y el llamado a sus superiores para informar del secuestro.

En cuanto al alegato de Petrina, que había pedido la nulidad de las acusaciones afirmando que eran indeterminadas, el fiscal sostuvo que la acusación ha sido correctamente planteada, que los acusados siempre supieron de qué se los acusaba y tuvieron oportunidad de defenderse. Sobre el planteo de que el secuestro de Ragone no puede ser considerado un crimen de lesa humanidad porque se cometió trece días antes del golpe del 24 de marzo de 1976, y por lo tanto está prescripta la acusación, Azzolín recordó que esto ya fue presentado al comienzo de este debate, el 5 de abril pasado. Afirmó en este sentido que el plan sistemático y generalizado de eliminación de enemigos políticos se inició antes del golpe, cuando se dictaron los decretos de aniquilamiento de la subversión. El fiscal recordó también que Petrina había hecho un planteo similar en la causa por el secuestro del escribano Aldo Melitón Bustos, y este mismo Tribunal Oral en lo Criminal Federal lo rechazó (si bien con otra integración). El ayuda memoria no le gustó al defensor oficial: dijo que el fiscal estaba mal informado sobre su planteo de aquella oportunidad.

Los querellantes adhirieron en casi todo a los dichos del fiscal. Matías Duarte, representante de la familia de Ragone, criticó a Petrina porque “con sus alegatos ha echado por tierra con 60 años de avance en la defensa de los derechos humanos”. Y pidió al Tribunal que tenga en cuenta que el cuerpo de Ragone no fue encontrado y que, si es que condena, meritúe esta circunstancia para la aplicación de la pena en cárcel común.

David Leiva, querellante por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, se cruzó con Arancibia. Le reprochó que él y López Homes hayan hecho una reivindicación política de Ragone. “Da la impresión de que es al solo efecto de confundir los roles, es apropiarse de la figura de los desaparecidos en Salta desde el lugar desde el que se está pidiendo la impunidad”, sostuvo para entusiasmo de la mayor parte del público.

Martín Avila, querellante por las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la provincia y la Cámara de Diputados, replicó sobre el planteo de prescripción. Fue sintético, explicó que el crimen de lesa humanidad reúne ciertos elementos, “no se trata de una cuestión de fechas”, explicó.

Las réplicas del fiscal y los querellantes fueron cerradas con aplausos.

Cuando les tocó el turno a las defensas Arancibia le respondió a Leiva. Insistió en que no hay pruebas contra sus defendidos y dijo que “jamás” se expresará con animosidad hacia otras partes del proceso. López Homes reiteró conceptos de su alegato.

Y Petrina fue “increíblemente breve”, según sus propias palabras. Dijo que no tenía mucho para decir porque “a pesar de lo extenso” del “nuevo alegato o réplica del señor fiscal”, chicaneó, no había logrado conmover los argumentos de la defensa. En cuanto a los querellantes, les recordó que no pueden pedir cárcel común para los acusados, en caso de que resultaran condenados.

El Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el 11, a las 10, cuando los acusados tendrán la oportunidad de decir algo antes de que el Tribunal pase a deliberar para decidir su sentencia, que se conocerá ese mismo día. Organizaciones de derechos humanos están convocando a manifestarse en la sede del Poder Judicial, y se sabe que vendrán militantes de otras provincias.

2011-10-01T18:05:00.001-07:00

PARTE DE PRENSA

Martes 11 de octubre de 2011 a las 9 hs ¡¡¡Todos a la Ciudad Judicial de Salta!!!

· EXIGIMOS CADENA PERPETUA PARA LOS GENOCIDAS Y CARCEL COMUN Y EFECTIVA PARA ELLOS Y SUS COMPLICES.

· EXIGIMOS QUE DIGAN DONDE ESTA EL CUERPO DE NUESTRO COMPAÑERO Y GOBERNADOR DR. MIGUEL RAGONE, PORQUE SIN EL CUERPO EL CRIMEN SEGUIRA IMPUNE.

· EXIGIMOS JUSTICIA PARA LOS 240 COMPAÑEROS SALTEÑOS DETENIDOS DESAPARECIDOS

POR LA VERDAD, LA JUSTICIA, CONTRA EL OLVIDO Y EL SILENCIO, 30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTES AHORA Y SIEMPRE¡¡¡

Ragone llegó al gobierno de Salta en 1973 con gran respaldo electoral .Su gestión, de neto corte popular fue intervenida en noviembre de 1974. Ragone era el médico de pueblo, hasta hoy se lo recuerda y reconce por las reformas profundas de su gobierno con gran presencia popular.

Fue secuestrado en un operativo de militares y policías, 13 dias antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, a tres años de las elecciones que lo habían convertido en gobernador.Para entonces, la provincia ya estaba intervenida cuando se preparaba para participar en la interna peronista, con la intención de volver a postularse para la gobernación de Salta. Su cuerpo nunca apareció.

A Ragone lo secuestraron el 11 de marzo de 1976 a la salida de su casa, camino a su consultorio. Su auto apareció en la localidad de Cerrillos, a unos 15 kilómetros de la capital. Su cuerpo aún hoy permanece desaparecido. En el lugar del secuestro solo se encontro un zapato manchado de sangre.

Entre los acusados están los autores mediatos y los autores directos, al menos a quienes se logró identificar. Entre ellos, Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército en el momento del secuestro; Carlos Mulhall, jefe de la guarnición militar local; Miguel Gentil, que era el jefe de la Policía salteña, y Joaquín Guill, uno de los hombres simbólicos de la represión en Salta, jefe de Seguridad de la policía y responsable de los operativos clandestinos. Además, los integrantes de la patota o de puestos de decisión intermedios tres ex policías: Andrés del Valle Soraire, Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera. También Jorge Héctor Zanetto, ex dirigente sindical, a quien se nombra como vocero de la Triple A y quien, una semana antes del crimen, amenazó a Ragone, luego de exigirle que se bajara de las elecciones internas.

El Tribunal, integrado por los jueces Marta Liliana Snopek, Carlos Jiménez Montilla y Luis Giménez, y el cuarto juez José Quiroga Uriburu.los defensores oficiales Federico Petrina y Pablo Louthier, que asisten a los otros cinco acusados: Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil, Joaquín Guil, Andrés Soraire y Héctor Zanetto. Los cuatro primeros están acusados por los homicidios de Ragone y Arredes y la tentativa de homicidio de Martínez de Leal y tienen pedidos de penas de prisión perpetua. Zanetto está acusado por coacción y han pedido que sea condenado a diez años de prisión. En todos los casos el fiscal Horacio Azzolín y los querellantes solicitaron que las penas sean de cumplimiento efectivo y en cárcel común.

2011-09-30T05:28:00.001-07:00

Convocan a manifestarse para exigir

condena a los acusados por Ragone

Con la consigna de que mientras no se sepa dónde está el cuerpo de Miguel Ragone, su “crimen seguirá impune”, la Agrupacion HIJOS Salta, la Red de Derechos Humanos, la organización Familiares de Salta y otros organismos de derechos humanos están organizando una manifestación para el día en que se prevé que se conocerá la sentencia contra siete represores acusados por el secuestro y desaparición del ex gobernador, hecho cometido el 11 de marzo de 1976.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, integrado por los jueces Marta Liliana Snopek, Carlos Jiménez Montilla y Luis Giménez (más el cuarto juez José Quiroga Uriburu) tiene previsto dictar sentencia el próximo 11 de octubre, en el salón de grandes juicios del Poder Judicial de Salta. Para ese día, a partir de las 9, es la convocatoria de HIJOS y las demás organizaciones de derechos humanos de Salta, que invitan “a toda la comunidad salteña y organismos de derechos humanos del país a concentrarse para exigir justicia en la sentencia por el secuestro y desaparición del ex gobernador salteño doctor Miguel Ragone”.

La consigna de los convocantes es por: “Cadena perpetua para los genocidas y cárcel común y efectiva para ellos y sus cómplices”; exigen también “que digan dónde está el cuerpo de nuestro compañero y gobernador doctor Miguel Ragone, porque sin el cuerpo el crimen seguirá impune”, y reclaman “justicia para los 240 compañeros salteños detenidos desaparecidos”.

En este proceso judicial, en el que se investiga también el homicidio de Santiago Arredes, llevado a cabo por los secuestradores, y la herida de bala que sufriera Margarita Martínez de Leal, están siendo juzgados siete de los muchos acusados por este hecho: contra cuatro de los acusados, los militares Carlos Alberto Mulhall y Miguel Raúl Gentil, y los policías Joaquín Guil y Andrés del Valle Soraire, pesan pedidos de prisión perpetua. Para el civil Héctor Zanetto se han pedidos penas de diez años de prisión y dos años de prisión para los policías Pedro Javier Herrera y Rubén Nelson Herrera.

Ragone llegó al gobierno de Salta en mayo de 1973. “Su gestión, de neto corte popular fue intervenida en noviembre de 1974 (poco después de que el electorado le diera un amplio respaldo, nuevamente). Ragone era el médico de pueblo, hasta hoy se lo recuerda y reconoce por las reformas profundas de su gobierno con gran presencia popular”, recordaron los convocantes a la manifestación del 11 de octubre.

El comunicado de HIJOS recuerda asimismo que por el secuestro de Ragone está también acusado Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo del Ejército en el momento del secuestro y que fue apartado de este juicio por razones de salud. Mulhall, era jefe de la Guarnición Ejército Salta; Gentil era el jefe de la Policía salteña, y Guil, “uno de los hombres simbólicos de la represión en Salta, era jefe de Seguridad de la Policía y responsable de los operativos clandestinos”. Además, están siendo juzgados “los integrantes de la patota o de puestos de decisión intermedios tres ex policías”: Soraire y los hermanos Herrera y “también Jorge Héctor Zanetto, ex dirigente sindical, a quien se nombra como vocero de la Triple A y quien, una semana antes del crimen, amenazó a Ragone, luego de exigirle que se bajara de las elecciones internas”.

2011-09-27T15:16:00.000-07:00

"El sábado 24 de septiembre se rindió el homenaje al militante social Hugo Julián Luna, cuyos restos fueron restituidos a sus familiares, en la plaza de Purmamarca. Estuvieron presentes Familiares de Detenidos Desaparecidos de Purmamarca que organizaban el evento, representantes de Organismos de Derechos Humanos y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, Autoridades Municipales, familiares de Hugo Luna y vecinos del pueblo.

El acto fue muy emotivo sus familiares relataron vivencias y aspectos de su vida. Destacaron su voluntad por estudiar y progresar en la vida, cómo asumió un compromiso militante con las cuestiones sociales en Ezpeleta donde residía y de donde fue secuestrado. El momento más significativo fue cuando su madre Dalmira Quival de 93 años se acercó a la urna a despedirse de su hijo.

La Banda de Sikuris Santa Rosa de Lima de la localidad acompañó con su música. Amigos y vecinos de Purmamarca cantaron y la poeta Estela Mamaní recitó una poesía.

La representante de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Purmamarca, destacó que esto pone en evidencia un crimen de lesa humanidad de la dictadura militar, que se asesinó a un militante del pueblo por sus ideales. Reafirmó la continuidad de la lucha por la justicia y la verdad especialmente en la provincia de Jujuy exigiendo la apertura de los archivos. “LOS IDEALES DE VIDA DE HUGO Y DE LOS 30000 DESAPARECIDOS, SU COMPROMISO CON LO SOCIAL, SU PELEA POR LA VIDA NO HAN MUERTO. EL SUEÑO POR OTRO MUNDO MAS JUSTO Y SOLIDARIO SIGUE VIVO. SIGUE VIVO EN CADA LUCHA DE LOS TRABAJADORES, EN CADA NIETO RECUPERADO, EN CADA CONDENA DE LOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS”

Se reafirmó el NUNCA MÁS A LAS DICTADURAS MILITARES EN LA ARGENTINA!! NUNCA MÁS VUELOS DE LA MUERTE NUNCA MÁS NIÑOS APROPIADOS Y DESPOJADOS DE IDENTIDAD.

RESONÓ EN LA PLAZA EL PRESENTE POR HUGO LUNA Y LOS 30000 DESAPARECIDOS.

Posteriormente todos acompañaron al compañero Hugo Luna al cementerio de la tierra de sus mayores donde finalmente descansará"

Laura Beatriz Vilte - Purmamarca, tierra de colores, mi lugar en el mundo.

2011-09-26T20:55:00.000-07:00

Juicio por Ragone

Piden la absolución de

Mulhall, Gentil y Guil

El defensor oficial Federico Petrina pidió ayer la absolución de Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil. Sostuvo que como el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone se cometió antes del 24 de marzo de 1976, día en que produjo el golpe de Estado, no puede encuadrarse dentro de los crímenes de lesa humanidad y por lo tanto está prescripto.

De esta manera el defensor insistió en una postura que ya es reiterativa en causas en las que se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas antes del golpe, sin que hasta ahora haya tenido éxito en los distintos tribunales en los que se han presentado estos planteos.

“La presente causa, si bien es un hecho lamentable, no se encuadra en las leyes de lesa humanidad”, sostuvo. El ex primer mandatario provincial fue secuestrado el 11 de marzo de 1976, trece días antes del golpe. Petrina añadió que, por lo tanto, no es un delito de lesa humanidad (que es imprescriptible) y la acción penal está prescripta, es decir, ya transcurrió el tiempo establecido por ley para perseguir a los presuntos responsables del hecho, y por eso sus defendidos deben ser absueltos. El pedido alcanzó también al policía retirado Andrés del Valle Soraire, acusado de ser uno de los autores materiales de los homicidios de Ragone y del almacenero Santiago Arredes, y al civil Jorge Héctor Zaneto, al que se le atribuye haber amenazado a Ragone.

Además, Petrina pidió que se declare la nulidad de los alegatos del fiscal Horacio Azzolín y de los querellantes, Matías Duarte, David Leiva, Martín Avila y Verónica Molina “por la indeterminación de las acusaciones”.

El abogado defensor dijo que con estas acusaciones indeterminadas, sin que se precise exactamente qué acciones se atribuyen a los cinco acusados que asiste, se violó el derecho de defensa en juicio, porque ejercerlo se tornó “hasta imposible”. “Se ha manifestado en relato genérico de un hecho histórico”, añadió. Dijo que no está en duda el hecho, sino “quién y por qué (se concretó), cuestiones que no vamos a poder establecer en este juicio”.

La derecha peronista

Petrina sostuvo que por la falta de pruebas “ninguna (hipótesis sobre el secuestro) se impone”, aunque consideró como “la más válida” aquella que afirma que el crimen fue obra de “la derecha peronista representada por la Triple A”,

El defensor afirmó que la hipótesis de la acusación, que sostiene que el ex gobernador fue secuestrado y desaparecido por orden del jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez (apartado de este proceso por razones de salud) y que esta orden siguió hacia abajo, con la intervención de Mulhall, jefe del Ejército en Salta; Gentil, jefe de la Policía, y Guil, jefe de Seguridad de la Policía, “es puramente voluntarista y, por lo tanto, arbitraria”.

Sobre la “hipótesis de la Triple A”, como la llamó, leyó un párrafo del libro “López Rega. La biografía”, del periodista Marcelo Larraquy, en el que se da cuenta de un documento reservado del Consejo Superior Peronista que ordenaba “actuar contra la infiltración marxista”. El defensor enumeró las presiones que recibía el gobierno de Ragone, la declaración de persona no grata hecha por la CGT, la toma de la Casa de Gobierno. “El doctor Ragone tenía enemigos políticos ideológicos que no provenían del Ejército, sino que provenían de su propio partido”, afirmó indignando a parte del público. Recordó que el gobernador tenía también en contra a “medios de comunicación como El Tribuno, encabezado por su entonces director, Roberto Romero”.

El abogado cuestionó asimismo que la acusación haya “hecho un recorte en la pirámide jerárquica” en el jefe del III Cuerpo del Ejército. Señaló en tal sentido que para cuando ocurrió este hecho la comandante en jefe del Ejército era la presidenta María Estela Martínez de Perón. Luego el codefensor Pablo Louthier abundó sobre este aspecto al argumentar en contra de la acusación de autores mediatos de homicidio agravado (en dos hechos) y la tentativa de homicidio que recae sobre Mulhall, Gentil y Guil.

Al final, la solicitud de absolución de los acusados, o que sean condenados por privación ilegítima de la libertad en grado de tentativa (este pedido alternativo –subsidiario- fue calificado por el propio Petrina de “fantasía jurídica”, algo que –dijo- también hicieron el fiscal y las querellas), fue sellado con un fuerte aplauso de familiares de Guil y de los hermanos Pedro Javier y Rubén Nelson Herrera, que también están siendo juzgados en este proceso.

Los defensores alegaron en una jornada cargada de contratiempos. El inicio de la audiencia había sido previsto para las 9, pero se demoró hasta minutos luego de las 12. Extraoficialmente se dijo primero que estaba demorada la llegada del juez de Tierra del Fuego, Luis Giménez.

Ni bien se inició la audiencia, Petrina tomó la palabra para pedir que se declare la nulidad de todo el proceso oral, basándose en que en agosto pasado la Cámara Nacional de Casación Penal había decretado la nulidad de lo actuado en la causa Ragone en referencia al ex juez federal Ricardo Lona. La Fiscalía y los querellantes se opusieron y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal rechazó el planteo.

Tras eso hubo un cuarto intermedio debido a que Zanetto sufrió una descompostura. La audiencia se retomó pasadas las 16. Los defensores hablaron por más de tres horas.

Cerca de las 20 la presidenta del Tribunal, Marta Snopek, anunció que la audiencia seguirá el martes 4 de octubre. Ese día se escucharán las réplicas del fiscal y las querellas. Luego se pasará a un cuarto intermedio hasta el 11 de octubre, cuando se conocería la sentencia.

(P/recuadro)

Mendaz y… mendaz

El defensor Federico Petrina se valió ayer, reiteradamente, del testimonio de quien fuera secretario de Prensa del gobierno de Miguel Ragone, Juan Carlos Villamayor, para asegurar que Joaquín Guil no estaba enemistado con el ex gobernador.

Dijo que Guil ya dijo que fue reincorporado a la fuerza policial por el propio Ragone, y que Villamayor dio su testimonio sobre eso. Que también dijo que le estaba agradecido a Ragone porque le había salvado la vida a un sobrino suyo, y que de eso también había dado testimonio Villamayor. Y que luego, el día del secuestro, Villamayor había dado cuenta de que Guil los había informado del hallazgo del automóvil del ex gobernador en el matadero de Cerrillos.

Hasta ese punto la valoración del testimonio de Villamayor iba muy bien. Pero, al referirse a la acusación que pesa contra Zanetto, para la que el testimonio de Villamayor es fundamental, el defensor comenzó a poner en duda la declaración del ex funcionario. “Mendaz en uno, mendaz en todo”, aseguró refiriéndose a su testimonio. Enseguida dijo que no pretendía tildarlo de mentiroso, “sino que (quería expresar) que su razón se encuentra obnubilada”.

2011-09-01T09:41:00.001-07:00

memoria/el juicio por la desaparición de miguel ragone

UN DOCENTE DE LA UNSA CONTO QUE ARMO LISTAS DE SUPUESTOS SUBVERSIVOS

El descargo del filósofo

Cesanteado en 1976, Mario Casalla pidió al Ejército que revirtiera esta decisión. Aseguró que él mismo dio de baja a otros docentes “subversivos”, y que compartió información con miembros de inteligencia policías y militares.

El 21 de mayo de 1976 la intervención militar en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), a cargo de los capitanes Eduardo Alberto Casal y Norberto Antonio Yommi, que había profundizado los efectos de la intervención civil iniciada en 1974 encabezada por Francisco Villada, dispuso nuevas cesantías de docentes. Entre ellos cayó el profesor de filosofía, Mario Casalla, quien hasta el 24 de marzo de 1976 había ocupado el cargo de secretario académico, como parte del gobierno de la anterior intervención.

Inexplicablemente los capitanes incluyeron a Casalla en la lista de indeseables, sobre él hicieron caer la sospecha de ser un “subversivo y/o disociador”. En desacuerdo con esta calificación el docente pidió al Destacamento de Inteligencia 143 del Ejército, con asiento en Salta, que corrigiera el error. A su favor, argumentó que él mismo había armado listas de docentes subversivos e incluso había dado de baja a algunos de ellos, tareas en las que había trabajado de manera “estrecha” con la Policía Federal, la Policía de Salta, Gendarmería y el Ejército. Su caso se hizo público el martes último en la sala de grandes juicios del Poder Judicial, cuando el abogado Matías Duarte, querellante por la familia de Miguel Ragone, lo usó para graficar cómo la Policía y el Ejército realizaban tareas de inteligencia y control sobre los habitantes.

Tras ser cesanteado en la Universidad, Casallal fue a trabajar a la cooperativa láctea Cosalta, y de ahí pasó, en 1977, al diario El Tribuno, donde fue gerente general y ejerció el periodismo con el seudónimo de Hernán Solifrano. Al Ejército le dijo que, entre otros, el subdirector de El Tribuno, el actual senador nacional Juan Carlos Romero, podía dar referencias suyas.

“Me dirijo al señor jefe del Destacamento de Inteligencia 143 de Salta, interesándolo por estos hechos. Más que una carrera universitaria de quince años frustrada, lo que me hiere moralmente es esa calificación injusta de ‘presunto subversivo o disociador’ que agravia mi realidad y mis valores más firmes. Tal cual manifestara desde los comienzos de este caso (…), no solo no soy subversivo o disociador, sino que he luchado abiertamente contra esa forma apátrida de agresión a nuestro suelo y sus instituciones, con todas las medidas y fuerzas a mi alcance (tanto como docente, o como autoridad de la UNSa)”. Sostuvo el doctor en filosofía en el pedido de “revisión de informes disponibles sobre mi persona y una correcta caracterización de mi caso”.

Casalla renunció “inmediatamente” a la secretaría académica y al cargo de docente, pero los interventores le permitieron continuar dando clases. Pero, a pesar de que colaboró “plenamente con las autoridades universitarias” militares y de que “no realizó tarea alguna sin consultar”, en mayo fue dejado cesante.

En su descargo Casalla sostuvo ante el Destacamento de Inteligencia que nunca supo los motivos para que lo rotularan de esta manera, recordó que no existía un proceso en su contra y que las autoridades universitarias y la autoridad militar había resaltado en “reiteradas oportunidades y diferentes círculos la firmeza con el que el gobierno universitario del que formé parte actuó contra la subversión”.

Entre sus antecedentes reseñó sus estudios en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde ejerció la docencia antes de su paso por Salta (y la ejerce actualmente), al igual que en universidades privadas y en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, el Colegio Militar de la Nación y el Centro de Estudios de Altos Estudios Militares (CAEM). Detalló haber servido “bajo las órdenes del teniente general (RE) Jorge Rafael Videla” y “del general (RE) Antonio Facundo Serrano”, que fuera gobernador de facto del Chaco. Y añadió que entre los cursantes de filosofía en el CAEM tuvo al “actual jefe de la Policía de Salta y al señor jefe del RIM 28 de Tartagal”. “Son personas de una intachable carrera y autoridad moral”, dijo, que podían referencias sobre él.

Sostuvo que tenía una formación filosófica clásica, “totalmente ajena a la doctrina marxista”. Y que en 1973 ingresó a la Universidad Nacional de Salta “sin mayores conocimientos de la gente que actuaba en la UNSa”, cuyo rector era entonces Martínez Borelli, pero que al cabo de tres meses ya le era “evidente que sus autoridades y buena parte de la comunidad universitaria comenzaron a desviarse cada vez más hacia una tendencia francamente subversiva. Mi posición fue entonces de público y notorio enfrentamiento con la subversión universitaria, a punto tal que esa conducción subversiva me persiguió por todos los medios, me creó ‘cátedras paralelas’ de orientación montonero-marxista y me colocó bajo juicio académico (popular) pocos días antes de su caída”, subrayó con mayúsculas.

Dijo que trabajó “estrechamente con todos esos organismos procediéndose a una prolija revisión de antecedentes antes de cualquier baja o alta de personal. Lo mismo puede decirse de la Policía Provincial, de Gendarmería, y de la Guarnición Militar Salta.”

A pesar de todos estos elementos, finalmente las autoridades militares llegaron a la conclusión de que no tenían “certeza absoluta de la verdadera ideología” del filósofo.

Por Elena Corvalan